Hay diferentes criterios para evaluar los casos de infracción y las multas van desde un mínimo de 2.046 euros hasta un máximo de 40.985 euros.
La Inspección de Trabajo tendrá plenos poderes para multar desde 2.046 euros en su grado mínimo hasta los 40.985 euros en su grado máximo a aquellas empresas que no respeten la distancia de seguridad en entorno laboral o no proporcionen EPI- como las pantallas de protección individual en ciertos trabajos– a sus trabajadores en los casos en que esta distancia no se puede garantizar.
Después el informe de la OCDE de ayer que regaño España en materia de distancia de seguridad entre los trabajadores españoles, el Gobierno entiende de este modo tomar medidas drásticas con respeto a las condiciones de seguridad para minimizar el contagio de Covid.
Las infracciones merecedoras de multas
Las multas reflejaran un proceso gradual y su tope se aplicará solo en los casos mas incuestionables. Peligrosidad, carácter de los riesgos, gravedad de los daños producidos y número de trabajadores afectados serán los criterios que a tener en cuenta para notificar las infracciones. El documento legal matiza que se trata de una»respuesta ágil para controlar la pandemia y un marco jurídico inequívoco en la respuesta a los posibles incumplimientos constatados«.
Las multas estarán relacionadas con diferentes tareas en el entorno laboral y que ya son contempladas en el artículo 7 del real decreto del 9 de junio («Nueva normalidad») exepto aquellas medidas relacionadas con la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y el ajuste del uso del teletrabajo. Se les pedirá a los empresarios de proporcionar a los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos registrados por el Ministerio de Sanidad; de echar mucho en cuenta las medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas; organizar los puestos de trabajos, los turnos y los espacios comunes de manera que se pueda mantener la distancia de seguridad minima de 1,5 metros; de evitar la coincidencia masiva de personas.
Además del sector privado, el Gobierno pide a Inspección de vigilar sobre las infracciones en la Administración Publica y de hacerse cargo en los próximos meses de casi 10000 ‘visitas’ para averiguar potenciales abusos en materia de ERTE.
