Viajes de Juan Carlos I a Suiza
Continúan saliendo a la luz declaraciones prestadas por Corinna Larsen y por el abogado suizo, Dante Canónica, ante el fiscal de Ginebra, Yves Bertossa. Según Canónica, el rey emérito Juan Carlos I avisó que iba recibir una importante donación por parte del rey de Arabia Saudí y la ocultaría en Suiza.
Encomendó así a Canónica y a gestor de fortunas, Arturo Fasana, la creación de una «estructura» en dicho país para guardar la donación.
El fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, sospecha que Juan Carlos I ha podido ocultar unos 100 millones de dólares en Suiza.
Un dinero que puede venir de la retrocomisión pagada por el consorcio de empresas a las que se les adjudicó la construcción del AVE Medina – La Meca. Según se refleja en la comparecencia de Canónica, Don Juan Carlos I realizó estas operaciones con la colaboración del abogado, de su gestor y del banco Mirabaud.
Canónica ha señalado a Adel Al-Jubeir, el entonces embajador saudí en Estados Unidos, como intermediario en la transferencia de los 100 millones. Según él, el rey emérito les facilitó su dirección y era Arturo Fanasa quien hacía constantes viajes a Washington y Basilea.
Para que Juan Carlos I pudiese recibir la donación y ocultarla en Suiza se creó la Fundación Lucum. Canónica ha declarado que el proyecto se fraguó en el propio despacho de Juan Carlos I, en el Palacio de la Zarzuela. Tanto Canónica como Fasana figuraban como presidente y secretario de esta Fundación. Fasana era quien administraba los fondos y los movimientos de dinero.
Al crear la Fundación Lucum, los reglamentos designaban al rey Felipe VI como heredero de la misma en el caso de la muerte de Juan Carlos I. Un derecho que se anuló en el momento en que el actual rey renunció a la herencia de su padre.
Unas operaciones y una fundación que el fiscal continúa investigando y, por consiguiente, continúan en condición de imputados el gestor del rey emérito, Arturo Fasana, y el abogado suizo, Dante Canónica, por un delito de blanqueo agravado de capitales, penado con hasta 5 años de cárcel.
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