El Gobierno clasifica de asunto "secreto" el dispositivo de seguridad en el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero.
¿Cuántos efectivos protegen la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero? El Gobierno de España ha clasificado como «secreto» los detalles de la seguridad del chalet dónde residen el Vicepresidente, Pablo Iglesias, y la Ministra de Igualdad, Irene Montero, en el municipio madrileño de Galapagar.
Seguridad y protestas durante la pandemia
Desde hace unas semanas, algunas ciudadanos se han desplazado hasta la residencia familiar del Vicepresidente y la ministra para protestar contra las medidas del Ejecutivo. Esto obligó a la Guardia Civil a aumentar la seguridad, ahora catalogada de «secreto oficial», en los alrededores del inmueble de Pablo Iglesias e Irene Montero.
¿Cuántos agentes están asignados al dispositivo de seguridad en la residencia?, ¿cuánto cobran los agentes?, ¿cuánto dinero público se destina al mes para proteger de Iglesias y Montero? Estas son solo algunas de las preguntas de la oposición. Ante la insistencia, el Ejecutivo ha decidido dar respuesta.
Información protegida por la Ley de Secretos Oficiales.
El Ministerio de Interior se ampara en la Ley 9/1968 de Secretos oficiales. Aquí se establece que «pueden ser objeto de protección aquella información que pueda afectar a la seguridad y defensa del Estado.
El dispositivo de Fuerzas de Seguridad en la vivienda de Iglesias y Montero se acoge a la ley como asunto «secreto» o «reservado». Según Grande-Marlaska, ministro de Interior:
«Al tratarse de información especialmente sensible y protegida por la Ley de Secretos Oficiales, se considera procedente denegar el acceso público a la información solicitada, al amparo de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 14.1 de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno».
Desde el Portal de Transparencia se justifica esta decisión. Se alega que desvelar dicha información perjudicaría la protección de los intereses de la seguridad pública.
Aún así, el Gobierno afirma que la negativa de informar sobre este dispositivo se puede recurrir ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes.
