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En estos días de emergencia, parece que todas los Comunidades Autonómicas se han aliado con el Gobierno. Una unidad arruinada por Quim Torra que reta al Ejecutivo por el decreto del Estado de Alarma. El presidente de Cataluña no quiere que el Estado confisque las competencias de la comunidad catalana.
Coronavirus, el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, carga contra el Estado. El político catalán no quiere «aceptar que el Gobierno español confisque nuestras competencias en salud, seguridad y transporte».
Una crítica a Sánchez compartida también por Íñigo Urkullu, el lehendakari del Gobierno Vasco.
Asimismo, hoy Torra no ha firmado el acuerdo de acción frente al Coronavirus del Gobierno con los presidentes autonómicos y está desarrollando un plan de choque contra el virus paralelo al del Gobierno central. Parece que Cataluña planea actuar por su cuenta dado que el plan nacional lo definió «insuficiente e ineficaz.»
A través de un mensaje en Twitter, Torra afirma que la comunidad necesita «apoyo, no recentralización.» Un anuncio publicado tras descubrir que los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad tendrán competencias para impartir órdenes bajo el presidente del Gobierno, durante todo el tiempo del Estado de Alarma.
La respuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido que Torra «no merece ser responsable político.» En cambio, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha subrayado que ahora no es el momento de poner la política por delante de la salud de los ciudadanos.
No obstante, ¿cuáles son las posibles consecuencias de esto? En primer lugar, el Gobierno tiene el mando único ante la pandemia y por tanto Torra podría ser cesado si no sigue las instrucciones. No necesariamente, eso sí, a través del artículo 155 de la Constitución. El artículo 10 de la norma sobre el Estado de Alarma establece la sanción de la «resistencia a las órdenes de la Autoridad competente». Si son autoridades las que no respetan las órdenes impuestas, la autoridad competente puede hacerse cargo de sus competencias «para el cumplimiento de las medidas acordadas» durante la vigencia del Estado de Alarma.
La reciente transacción de SDLE marca un nuevo rumbo en el sector de defensa en España.
Un examen de la inestabilidad política y sus implicaciones para el futuro del país