Aparentemente, por 10 días la Comunidad de Madrid pidió al Gobierno «medidas más contundentes» para contrarrestar la difusión del coronavirus. No obstante, el Ministerio de Salvador Illa se mostró reacio a las peticiones madrileñas y rechazó sus demandas hasta este lunes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su equipo habían pedido adoptar por adelantado algunas iniciativas. Entre otras cosas, refuerzo del personal hospitalario, más recursos económicos para la sanidad, un plan de choque para los mayores de 65 años y los enfermos, posponer operaciones quirúrgicas, lanzar un plan de contingencia global y estimular el teletrabajo.
No obstante, el Gobierno no empezó a adoptar medidas hasta este lunes, cuando el número de contagios en Madrid aumentó considerablemente.
En defensa del Ejecutivo, un portavoz del Ministerio de Sanidad garantiza que el Gobierno actuó respetando de manera escrupulosa los plazos marcados. Además, subraya que desde el inicio todo se consensuó entre todas las comunidades autónomas que habían participado en el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud. Sanidad aclara además que todas las medidas adoptadas están coordinadas no sólo con la capital, sino con todas las comunidades. No sólo Madrid está en situación de transmisión comunitaria significativa, sino también Vitoria, Labastida y La Rioja.
Por tanto, está claro que las peticiones de Ayuso iban en la línea de la coordinación entre el Gobierno nacional y el autonómico desde el lunes. El problema pero son los tiempos de aplicación de las medidas, no su naturaleza. El 25 de febrero se confirma el primer caso de virus COVID-19 en Madrid. Al final del mes la presidenta comienza a proponer medidas adicionales y a pedir una actuación de urgencia. La causa, obviamente, el fuerte aumento de contagios a partir del 28 de febrero. Una de las peticiones se acepta el 6 de marzo con el cierre de los centros de mayores. Además, el lunes 9 Ayuso decide unilateralmente el cierre de los colegios y las universidades, dado que Sanidad se había negado a ejecutarlo.
A pesar de las discrepancias, el Ejecutivo de Ayuso quiere evitar un enfrentamiento político innecesario en un momento de crisis declarando que «la coordinación con el ministerio ha sido muy buena. Han ido avalando cada medida que hemos tomado, y fueron aprobadas por unanimidad en el Consejo Interterritorial.»
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