El Gobierno prepara una nueva ley de derecho de asilo: más restricciones en la concesión de asilo, según las recomendaciones de la Unión Europea.
En España la realidad migratoria ha cambiado enormemente en la última decada, conllevando la necesidad de adaptar la normativa en esta materia. El Gobierno de Sánchez planea preparar una nueva ley que endurecerá las concesiones de asilo. Te explicamos las nuevas restricciones al derecho de asilo.
Derecho de asilo, más restricciones
La ley prevería un refuerzo de la limitación de acceso a la protección en los centros de internamiento y una ampliación de los motivos de denegación de las solicitudes. La norma actual de 2009 se considera obsoleta debido al cambio de la realidad migratoria.
España que solía recibir una cantidad modesta de solicitudes de refugio, en 2019 se registraron 118.000. Es el tercer receptor de posibles refugiados de la Unión Europea, a poca distancia de Francia y Alemania.
Otra razón para adoptar una nueva normativa son la presiones provenientes de Bruselas. España está en retraso en adaptar su legislación a las directivas comunitarias. De consecuencia la Comisión Europea abrió dos procedimientos de infracción dado que el país había agotado todos los plazos.
El Gobierno combinará las exigencias europeas a sus propias medidas. Las propuestas iniciales son del Ministerio del Interior, pero la ley final será el resultado de las negociaciones entre los Ministerios de Seguridad Social y Migraciones y el de Exteriores, en particular. La propuesta reflejará el endurecimiento de la política migratoria europea. Entre otras medidas, acelerar y aumentar los retornos de los migrantes sin derecho a protección internacional, blindar las fronteras y un reparto equitativo de los refugiados entre los miembros comunitarios.
Una de las propuestas del Gobierno es el establecimiento de un plazo para las solicitudes de los recién llegados, actualmente no previsto por la ley. La normativa europea lo fija en 30 días. Por iniciativa propia, España planea endurecer esta medida para los inmigrantes que se encuentran en los centros de internamiento: solo 10 días. Pasado este plazo, la denegación de la solicitud no estaría sujeta a revisión y solo se podría recurrir ante los tribunales. La razón es evitar que los extranjeros recurran a solicitar el asilo solamente para retrasar o impedir la expulsión.
Además, la futura ley define también el concepto de país seguro, según el modelo europeo. La solicitud se deniega si el inmigrante proviene de un país considerado seguro por España y si tiene su residencia en un tercer país también clasificado como seguro. Por último, el Gobierno planea eliminar la Oficina de Asilo y Refugio. Una comisión interministerial que recibe las demandas de asilo. Un trámite considerado ralentizador del proceso.
Por otra parte, a las restricciones se acompaña una mayor seguridad jurídica. Los solicitantes se reconocen como tales en el momento en el que piden protección, lo que obliga a registrarlos oficialmente. Ya ocurría en la práctica, ahora se regulará. Por último, se prevé la ampliación de cuatro a cinco días el plazo de resolución de los expedientes en frontera.
