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El pasado 13 de marzo entró en vigor el canal de denuncias para proteger a las personas que informen acerca de irregularidades que puedan ocurrir en las compañías que forman parte de la Unión Europea.
Centrándonos en la ley española, recopila obligaciones tanto del canal de denuncias en sí como de protección hacia las personas que denuncien, así como de su entorno más próximo.
De ahí la importancia de contar con un software canal de denuncias para la gestión de este tipo de solicitudes en las empresas, de obligatorio cumplimiento para muchas de ellas como veremos a continuación.
Dependiendo de cuál sea el tamaño de la empresa a nivel de empleados, los plazos serán distintos. En el caso de empresas con más de 249 trabajadores, es obligatorio desde el pasado 13 de junio de 2023.
Sin embargo, para las empresas que tengan de 50 a 249 empleados, el plazo no ha terminado todavía, puesto que se alarga hasta el 1 de diciembre de 2023.
El objetivo principal es facilitar la denuncia a las personas que lo hagan. De esta forma, se persigue detectar de manera temprana ciertas conductas que puedan considerarse delictivas y animar a quienes sean testigos de este tipo de irregularidades a que procedan a la denuncia con total garantía de anonimato y protección a nivel laboral.
Sin embargo, también cuenta con otros objetivos que se deben saber. En primer lugar, la creación de un sistema interno de información eficaz para garantizar la confidencialidad de quienes denuncien.
Asimismo, la prevención de infracciones que se encuentren en fases tempranas para poder resolverlas con antelación. Se promoverá la cultura del cumplimiento normativo a través del sistema del canal de denuncias de la compañía y se ofrecerá respuesta a las denuncias recibidas en un tiempo concreto y se permitirá el seguimiento de las mismas.
Una persona de la empresa será la encargada de la recepción y gestión de dichas denuncias, así como del seguimiento y acuse de recibo de ellas. El plazo de respuesta será de 90 días y se informará expresamente y de forma clara a las autoridades que sean competentes.
El artículo 33 de la Directiva europea Whistleblowing cita a los Estados a la obligatoriedad de establecer sanciones efectivas a personas físicas o jurídicas siempre que se sucedan algunos de estos supuestos:
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