Entre Uruguay y Argentina la frontera está hecha de agua.
A ambos países les separan el océano Atlántico, el Río de la Plata y el Río Uruguay.
Este último está siendo motivo de tensiones, pues Argentina sostiene que la planta papelera Botnia, que Uruguay opera pero que pertenece a una empresa finlandesa, está contaminando la región.
El gobierno uruguayo se ha defendido frente a la Corte Internacional de Justicia: la planta, argumenta, cumple con las normas internacionales de medio ambiente.
Los representantes legales de Argentina insisten en que la planta de celulosa vierte residuos contaminantes en el río, y que esa contaminación fue la causa de una invasión de algas en febrero de este año.
Además, aseguran que el país no dio su consentimiento para la construcción de la fábrica, algo que violaría el artículo siete del Estatuto de 1975 que regula la explotación del río Uruguay.
Alan Boyle, abogado representante de Uruguay ante la Corte, dice que las pruebas realizadas por expertos del Banco Mundial, que ayudó a financiar la construcción de la fábrica, certifican que no ha habido cambios en la calidad del agua desde que la planta comenzó a operar y que ésta, además, produce muchos menos vertidos que otras empresas argentinas situadas en la región.
El fósforo y el nitrógeno descargado por la planta, insiste, es rápidamente transportado al océano Atlántico, algo que puede favorecer el caso de Uruguay en la Corte pero que, desde el punto de vista ecológico, no tranquiliza nada.
Vale, no se está contaminando el río pero sí el océano.
El trasfondo del caso revela más un problema limítrofe que ecológico.
De acuerdo con el diario argentino Clarín, mientras Argentina reclama la presunta violación del Estatuto y daños irreversibles al medioambiente, Uruguay dice que el gobierno argentino ha consentido los cortes de ruta y puentes por parte de manifestantes medioambientales en la población argentina fronteriza de Gualeguaychú que supuestamente han causado pérdidas millonarias.
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