El gobierno de Japón ha sido presionado desde varios frentes –especial importancia tiene el de las relaciones diplomáticas con Australia- para que su flota abandone la caza de ballenas en la Antártica, actividad que continúa realizando bajo el ambiguo paraguas de los fines científicos.
Hasta ahora, no obstante, las tradiciones y el lobby ballenero parece tener más poder, pues el gobierno está considerando retirarse de la Comisión Internacional Ballenera (CIB).
La consideración, anunciada por el ministro de pesca, puede haber sido impulsada por la más reciente presión que han recibido los países balleneros y que ha provenido precisamente de la CIB.
En abril de este año, la organización propuso permitir la caza de ballenas durante 10 años pero bajo estrictos límites establecidos que reducirían el volumen total de capturas.
En términos prácticos, ello significaría que la cuota anual de la flota ballenera de Japón de 935 ballenas minke antárticas se reduciría a 400 durante los próximos cinco años y a 200 para los siguientes cinco años.
Esta parece ser una medida que Japón, que ha amenazado con retirarse de la CIB en otras ocasiones, no está dispuesta a aceptar, a juzgar por las declaraciones del ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca.
El ministro ha dicho estar considerando varias opciones si no se decide relajar la prohibición de caza durante la próxima reunión de la organización, que se realizará la próxima semana en Agadir, Marruecos.
A diferencia de otros países cuyas flotas cazan ballenas principalmente cerca de sus costas -aprovechándose también de las variadas y ambiguas excepciones de la moratoria de 1986-, la flota ballenera de Japón hace largas expediciones anuales a la Antártica.
La ruta ha sido escenario de continuos enfrentamientos con grupos conservacionistas y motivo de tensión con los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda.
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