Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), amenazan al gobierno colombiano de perpetrar nuevos ataques a la fuerza pública.
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Un comunicado de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), advierte sobre nuevos ataques a la fuerza pública colombiana.
Disidencias de las Farc anuncian nuevos ataques
Las disidencias de las Farc, emitieron un comunicado en redes sociales, donde advierten sobre posibles nuevos ataques a la fuerza pública colombiana.
Este comunicado, cargado de reproches y acusaciones, advierte a la población civil que se mantenga alejada de patrullas, batallones y estaciones de policía para evitar ser blanco de posibles enfrentamientos.
Denuncias y acusaciones
Las palabras de las disidencias denuncian lo que perciben como una escalada de agresiones por parte de las Fuerzas Militares colombianas; acusándolas de coordinar operativos con fuerzas paramilitares y de haber violado el cese de fuego pactado anteriormente.
En el texto, las disidencias también arremeten contra el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro; acusándolo de perpetuar la guerra y de no priorizar el diálogo como vía para resolver los conflictos.
Ante la escalada de tensiones, las disidencias hacen un llamado a la solidaridad y piden a la población civil que se mantenga alejada de las instalaciones militares y de la fuerza pública para evitar ser involucrados en posibles enfrentamientos.
Además, comunicaron al presidente de la República la importancia de reinstaurar el acuerdo de cese al fuego bilateral.
Suspensión del cese al fuego por parte del gobierno
El Gobierno de Colombia anunció la suspensión del cese del fuego bilateral en tres departamentos del país en respuesta a un ataque perpetrado el sábado por presuntos miembros del grupo disidente conocido como Estado Mayor Central (EMC), una facción disidente de las desmovilizadas Farc, según informó la Presidencia en un decreto.
El presidente Gustavo Petro expresó su condena ante el ataque a través de sus redes sociales; calificando el acto como un «crimen contra la humanidad» que debe ser juzgado como tal.
