El gobierno de Venezuela expulsa a 13 funcionarios de la ONU para los Derechos Humanos y les da un plazo para que abandonen el país..
El gobierno de Nicolás Maduro suspende las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela; otorgando a sus 13 funcionarios un plazo de 72 horas para abandonar el país.
Esta medida surge en respuesta a las acusaciones de la ONU sobre el papel de la justicia venezolana en la desaparición de la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, una crítica vocal del régimen.
Yván Gil, ministro venezolano de Exteriores, ha expresado su descontento con la oficina de la ONU.
Los acusa de actuar como «una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana» y de proteger a individuos acusados de intentar «subvertir el orden constitucional y crear violencia en Venezuela».
Gil enfatizó que la actividad crítica de la ONU hacia el Estado venezolano es inaceptable y que el caso de Rocío San Miguel; acusada de traición a la patria y terrorismo, es un ejemplo de esta injerencia.
Rocío San Miguel, conocida por su liderazgo en la ONG Control Ciudadano; dedicada a supervisar los asuntos de seguridad, defensa y Fuerzas Armadas en Venezuela, fue arrestada el 9 de febrero, desencadenando protestas internacionales.
Su desaparición forzada, denunciada por la ONU; ha sido condenada ampliamente, incluida la Unión Europea, Human Rights Watch y diversas organizaciones venezolanas, destacando su importancia como defensora de los derechos humanos en el país.
La expulsión de los funcionarios de la ONU marca un momento crítico en las relaciones entre Venezuela y la comunidad internacional, evidenciando una creciente aislación del régimen de Maduro en respuesta a las críticas sobre su historial de derechos humanos.
«Revisaremos los mecanismos de cooperación», anunció Gil, sugiriendo un posible replanteamiento de la relación de Venezuela con entidades internacionales en el futuro.
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