El hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, Nicolás Petro, es detenido por la Fiscalía de Colombia, por los delitos de blanqueo de capitales.
Detenido por la justicia colombiana, Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro, por blanqueo de capitales.
“No intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso”, ha dicho el mandatario
Nicolás Petro hijo del presidente es detenido
Nicolás Petro, hijo del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, y diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, fue detenido en la mañana del sábado en una operación liderada por la Fiscalía.
Se le acusa de estar implicado en actividades de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.
La detención también incluyó a Daysuris Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro.
A principios de este año, Vásquez acusó a Nicolás Petro de aceptar una considerable suma de dinero del Samuel Santander Lopesierra, alias «el hombre Marlboro» por «más de 600 millones de pesos (unos 153.000 dólares de hoy) para la campaña del papá».
También del controvertido empresario Alfonso Turco Hilsaca, quién según ella recibió 200 millones de pesos, que tampoco fueron a dar a la campaña.
Según ella, este dinero estaba destinado a financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero una porción se mantuvo en posesión de Nicolás Petro.
El Presidente Petro ha respondido a estas acusaciones y a la detención de su hijo con firmeza. Aseguró:
“No intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso”, enfatizando su compromiso con el debido proceso legal.
Los Delitos en Cuestión
La Fiscalía detalló en un comunicado que Nicolás Fernando Petro Burgos fue arrestado «por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y Daysuris del Carmen Vásquez Castro por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha».
Ambos detenidos serán presentados ante un juez penal municipal con Función de Control de Garantías.
Se espera que la justicia legalice los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos materiales probatorios.
