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El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha vetado por segunda vez el proyecto de ley aprobado por el Parlamento para legalizar la eutanasia. La razón pasa nuevamente por las dudas sobre el alcance práctico de una medida que ya dependerá de los diputados que sean elegidos en los comicios legislativos de finales de enero.
La Asamblea de la República había dado luz verde al texto actual a principios de noviembre, después de tener en cuenta las aclaraciones que le había reclamado el Tribunal Constitucional tras las dudas que ya expresó Rebelo de Sousa en su día.
El segundo proyecto había recibido 138 votos a favor, 84 en contra y cinco abstenciones.
Rebelo puso un freno a la promulgación definitiva. Quiere que los diputados aclaren conceptos y posibles contradicciones, en particular por los conceptos de «enfermedad incurable» y «enfermedad grave» que acompañan al de «enfermedad fatal».
El presidente portugués, del Partido Social Demócrata, cree que el texto actual establece «un cambio considerable de ponderación de los valores de la vida y la libre autodeterminación», según un mensaje difundido por la propia Presidencia y con extractos del escrito del Tribunal Constitucional.
«En un asunto tan importante como éste, relativo a derechos esenciales de las personas como el derecho a la vida y la libertad de autodeterminación, la aparente incongruencia (legislativa) corre el riesgo de afectar fatalmente el contenido», apunta Rebelo de Sousa, quien no cree que una mayoría en Portugal esté a favor de la reforma de la ley.
En este sentido, se ha preguntado si el «sentimiento social dominante» ha cambiado en el tiempo transcurrido entre las dos versiones y qué habría ocurrido entre medias. «¿El paso dado en España?», plantea, haciendo alusión a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido en el país vecino. En este asunto, el presidente tiene una posición contraria al primer ministro Antonio Costa, del Partido Socialista.
El debate será decidido en la Asamblea de la República surgida de los comicios del 30 de enero. El segundo texto había recibido este mes el apoyo de la mayor parte de los diputados del gobernante Partido Socialista, las formaciones de izquierda y 13 diputados del conservador Partido Social Demócrata (PSD), el principal de la oposición.
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