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El nuevo gobierno de Alemania legalizará el consumo recreativo del cannabis. La hacienda alemana ingresará más de 4.700 millones de euros con la despenalización total de la droga.
Los partidos que negocian la nueva alianza de gobierno en Berlín legalizarán la venta de cannabis para su consumo recreativo en Alemania.
A esa resolución ha llegado el grupo de trabajo del área de Sanidad que negocia el acuerdo de coalición entre las tres formaciones. «Introduciremos la venta controlada de cannabis para adultos en comercios con licencia». De esta forma señala el borrador del documento que el tripartito espera firmar antes de final de mes.
Alemania se convertirá así en el tercer país del mundo que legaliza la venta y consumo de marihuana y hachís . Los primeros fueron Uruguay y Canadá.
En Estados Unidos está autorizado en 10 de sus 50 estados. La coalición de gobierno a las órdenes del futuro canciller federal, el socialdemócrata Olaf Scholz, pretende con la venta autorizada de cannabis controlar su calidad, impedir que el producto contenga sustancias impuras y proteger a los menores de edad.
La legalización de la droga conlleva además importantes ingresos fiscales. Más de 4.700 millones de euros anuales suplementarios podría ingresar la hacienda alemana, según un reciente estudio del economista Justus Haucap del Institute for Competition Economics de Düsseldorf.
El cálculo comprende no solo los impuestos al producto, los nuevos contratos laborales y las tasas de los comercios. Comprende además el ahorro que el fin de la persecución de los delitos supone para la justicia y la policía. El simple impuesto al cannabis, sobre la base del que se aplica ya al alcohol y el tabaco, haría fluir a las arcas del estado unos 1.800 millones de euros anuales. El estudio detalla que la legalización de esa droga traería consigo la creación de unos 27.000 puestos de trabajo. Serán en la producción, elaboración y venta que generarían otros 526 millones de euros por los ingresos de los contratos laborales para la seguridad social. Además supondría un ahorro de al menos 1.400 millones de euros para la justicia, policía y prisiones al acabar la persecución de los delitos relacionados con el cannabis.
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