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Un prisionero condenado a la pena de muerte sufrió numerosas convulsiones durante su ejecución en Estados Unidos. Su muerte, durante la tarde del pasado jueves 28 de octubre, ha desatado la polémica.
John Grant era un hombre afroestadounidense de 60 años. Debía recibir una inyección letal en una prisión de Oklahoma, en el sur de EE.UU., tras su sentencia de pena de muerte por asesinato en 1999. Siguiendo el protocolo, una decisión de última hora de la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el procedimiento.
Es la primera muerte de un prisionero en los últimos siete años en Oklahoma.
El condenado a muerte, John Grant, cumplía una pena de 130 años de cárcel. Fue condenado por varios robos a mano armada y asesinato a Gay Carter, una empleada de la cafetería de la prisión. Varios testigos declararon que Grant llevó a Carter hasta un armario empleado para para guardar productos de limpieza. Una vez allí la apuñaló 16 veces hasta matarla.
Grant fue condenado a muerte un año después del asesinato, en 1999. Finalmente, la tarde del jueves 28 de octubre, John entró en la cámara donde le inyectarían la muerte en vena. Dan Snyder, un periodista de la cadena Fox, fue testigo de la ejecución. Explicó que le administraron una droga para sedarlo, midazolam. Posteriormente Grant comenzó a convulsionar. «Tanto así que la parte superior de su espalda se levantó repetidamente de la camilla«.
«A medida que continuaron las convulsiones, comenzó a vomitar varias veces en el transcurso de los siguientes minutos. El personal médico ingresó a la cámara de la muerte para limpiar el vómito de Grant, quien aún respiraba», explicó Snyder. Poco después le dieron un segundo y un tercer fármaco para detener su sistema respiratorio y cardíaco.
Uno de los abogados de Grant, Dale Baich, tachó la ejecución de «problemática». “No debería haber más ejecuciones en Oklahoma hasta que vayamos a juicio en febrero para abordar el problemático protocolo de inyección letal del estado», advirtió Baich. John Grant iba a ser uno de los demandantes que llevarían a juicio en 2022 el protocolo de las tres drogas por considerarlo inhumano. Sin embargo, el estado rechazó su voluntad de posponer su ejecución, generando así la polémica por las controvertidas fórmulas penales de Estados Unidos.
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