Una de las peores masacres en las cárceles de América Latina, el motín en una cárcel de Guayaquil, Ecuador. La suma de presos muertos ascendió a 118, seis de ellos decapitados. Desde el pasado jueves, la Policía asumió el control de la cárcel.
Guillermo Lasso, en una rueda de prensa consideró «lamentable» y «triste» el resultado del motín en esta cárcel, y confirmo que hasta el momento se reportaron «118 fallecidos y cerca de 80 heridos; todas son personas privadas de la libertad, no hay ningún personal civil» o guías penitenciarios.
Lasso expresó que «es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa de poder entre bandas delincuenciales», e informó que lo primero que hay que hacer frente a este fenómeno es declarar el «estado de excepción» en todo el sistema penitenciario del país.
En documento suscrito por el jefe de Estado explica: «Declárese el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin excepción alguna, por el plazo de 60 días desde la suscripción de este decreto ejecutivo».
El gobernante comenzó un proceso de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado, esto con el objetivo de, «con absoluta firmeza, recuperar el control de la Penitenciaría del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario del Ecuador».
Recalcó que el Gobierno busca proteger los derechos humanos de los reclusos y que acompañará a los familiares de los reos, habilitando un coliseo para darles información sobre sus parientes.
Guillermo Lasso explicó que el Gobierno tras los recurrentes episodios de violencia en las cárceles, venía diseñando un plan que tiene como objetivo fortalecer el control de las prisiones, con importantes inversiones en infraestructura y tecnología de vigilancia.
El plan tenía una duración de dos años, pero ante la situación actual iniciaran de inmediato en la Penitenciaria del Litoral. El el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) tendrá los recursos necesarios para comenzar con este plan.
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