Este martes 27 de julio, ha dado comienzo en el Vaticano el mayor juicio por corrupción de toda su historia. En él se sienta por primera vez el cardenal Angelo Becciu, y otras nueve personas acusados de haber cometido varios delitos relacionados con inversiones inmobiliarias.
En el juicio se tratará de comprobar si se cometieron los delitos de banqueo de dinero, malversación de fondos, abuso de poder y fraude en la inversión irregular de 350 millones de euros.
Que se sacaron de fondos que tenían como destino la beneficencia, y que se usaron para comprar un edificio de lujo en la capital londinense.
Al cardenal Becciu se le acusa además de los delitos de: malversación, abuso de oficio y soborno.
Pues fue en 2013 cuando la Secretaría de Estado utilizó el dinero del Óbolo de San Pedro para adquirir el edificio, una institución a la que se destinan donaciones de personas católicas con el fin de financiar actos caritativos. En ese momento era Becciu el que en calidad de sustituto ocupaba el cargo para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y se encargaba de llevar a cabo todas esas diligencias.
Fue hasta 2018 que estuvo en el puesto, cuando el papa Francisco le nombró prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos.
En 2019 salió a la luz el escándalo y fue el propio Francisco quien le obligó a renunciar al cargo, así como a ser cardenal. A pesar de ello Becciu siempre se ha declarado inocente de todos los cargos y afirma que es «víctima de una maquinación deliberada».
Entre el resto de acusados están trabajadores religiosos y laicos del Vaticano, también se encuentran personas encargadas de las finanzas internacionales y cuatro sociedades. Uno de ellos es el antiguo secretario de la Secretaría de Estado, Mauro Carlino al que se le acusa de abuso del cargo y de extorsión y Gianluigi Torzi, bróker, acusado por el Vaticano de engañar en la compraventa del edificio de Londres.
También estará en el juicio Cecilia Marogna, por recibir presuntamente hasta 500.000 euros procedentes de los fondos de la Secretaría de Estado, de los cuales invirtió 200.000 de ellos en objetos de lujo.
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