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El Parlamento de Dinamarca aprobó la construcción de una isla artificial llamada Lynetteholm. El proyecto obtuvo 85 votos a favor y 12 en contra. Tendrá 2.8 kilómetros cuadrados y se ubicará al norte de la isla Rafshaleoen.
El objetivo de la obra es proteger a la ciudad ante futuras inundaciones provocadas por el aumento del nivel del mar. La isla también tendría 20.000 nuevas viviendas para 35.000 personas. Una forma de resolver la falta de vivienda en la ciudad, además de ofrecerlas a precios más accesibles al público.
Se trata del mayor proyecto de construcción de la historia de Dinamarca. Los trabajos comenzarían este otoño aunque su fecha de finalización sería en 2.070. El costo total de la obra llegaría a las 20.000 millones de coronas, aproximadamente 2.700 millones de euros.
La isla tendría una conexión constante con la ciudad mediante una línea de metro, un túnel portuario y una carretera de circunvalación.
No tardaron en levantarse voces de protesta contra la gradilocuente edificación marítima que haría sonrojar a la mismísima estatua de la sirenita. El proyecto generó controversia en la sociedad danesa y levantó fuertes críticas de sectores ambientalistas, temerosos del posible aumento de la contaminación en la zona. También se pide tener en cuenta el impacto que produciría en la calidad del agua y los ecosistemas locales.
Esta iniciativa ya ha sido impugnada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debido a que las Evaluaciones de Impacto Ambiental solo abarcaron el impacto de la construcción de la isla en sí, pero no el de las infraestructuras, las viviendas y otros desarrollos urbanísticos previstos, señaló The Local.
Estocolmo podría poner trabas al proyecto objeciones en caso de no estar acalaradas las condiciones de los trabajos de construcción, manifestó el ministro de Medio Ambiente de Suecia, Per Bolund, en declaraciones a TV2Lorry.
El ministro de Transporte de Dinamarca, Benny Engelbrecht, afirmó que Suecia puede introducir los ajustes necesarios que en virtud del Convenio de Espoo, que obliga a los firmantes a realizar evaluaciones ambientales de las instalaciones que puedan tener un impacto transfronterizo.
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