La comisión de Europa aprobó este miércoles un reglamento en el que prohíbe el uso de sistemas biométricos en espacios públicos para reconocimiento.
La comisión de Europa aprobó este miércoles un reglamento en el que prohíbe el uso de sistemas biométricos en espacios públicos para reconocimiento.
La Comisión Europea decidió aprobar este miércoles un reglamento en el cuál prohíbe el uso de sistemas biométricos de reconocimiento.
Entre estos se encuentran los dispositivos de reconocimiento facial o reconocimiento de huellas dactilares. Esto se debe a que consideran que esta tecnología es de alto riesgo y que viola los valores y derechos fundamentales de la Unión Europea. Con esta tecnología es posible identificar a una persona mediante sus características físicas.
Si bien, la inteligencia artificial (IA) es útil y ofrece «un inmenso potencial en áreas tan diversas como la sanidad, el transporte, la energía, la agricultura, el turismo o la ciberseguridad»; presenta también una serie de riesgos. Es por ello que «la propuesta garantiza que respete nuestros valores y reglas», afirmó Thierry Breton, comisario de Mercado Interior.
Aunque varios países de la comisión estuvieron de acuerdo, Bruselas introdujo excepciones a la normativa. Permitirá el uso de la identificación biométrica en espacios públicos con dos motivos específicos: un «inminente» ataque terrorista o encontrar un niño que haya desaparecido; obviamente con una autorización judicial.
La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Era Digital, Margrethe Vestager, afirmó que «Al establecer los estándares, podemos allanar el camino hacia la tecnología ética en todo el mundo y garantizar que la UE siga siendo competitiva». Además, también se pensaría en prohibir el uso de sistemas de IA que usan «técnicas subliminales (…) para distorsionar materialmente el comportamiento de una persona de una manera que pueda causarle daño físico o psicológico.»
Quienes incumplan estas normas tendrían una sanción económica fuerte. Dicha sanción podría alcanzar un máximo de 6% de los ingresos anuales mundiales, o un máximo de 30 millones de Euros. Lo cual se aplicaría a todos los proveedores o usuarios dentro y fuera de la Unión Europea.
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