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Tras dos años de análisis y debate, Japón ha decidido que verterá el agua contaminada de Fukushima, producto del desmantelamiento de la central nuclear que quedó inutilizada en el 2011.
La decisión responde a una necesidad por disminuir el almacenamiento, que se encuentra en sus volúmenes máximos, del agua procesada producto por el accidente nuclear de Fukushima.
En tanto, varios países asiáticos (liderados por Corea del Sur y China), además de organizaciones ambientales y pescadores locales, se oponen a la decisión. Mientras que, se espera que el proceso de inicio en dos años más (en el 2023).
Fue en el año del 2011, que un terremoto magnitud 9 junto a un tsunami de 15 m, provocaron uno de las mayores crisis nucleares de los últimos años: el accidente nuclear de Fukushima.
En ese entonces, las autoridades japonesas tuvieron que tomar medidas urgentes, como la activación de los tres reactores en donde, incluso, uno sufrió daños. Esta acción provocó que el agua, utilizada para enfriar los reactores, se contaminará y llegará a filtrarse hasta el subsuelo.
Durante los años subsecuentes se han procesado los agentes contaminantes, eliminando la mayoría de agentes radioactivos; pero algunos elementos, por su presencia natural, no han podido ser extraídos del todo.
El gobierno de Japón, en voz del primer ministro Yoshihide Suga, aseguran que el proceso será totalmente seguro e iniciará a más tardar en dos años; aunque, el proceso completo puede legar a tardar décadas.
Todavía, sin ampliarse más detalles; se afirma que antes de iniciar a echar el agua al mar, se aplicará un último proceso de eliminación de agentes radioactivos y se vigilará que las acciones se ajusten a los estándares internacionales.
Hoy en día, en Daiichi se tienen almacenados más de 1,22 millones de metros cúbicos de agua procesada en tanques construidos especialmente por Tepco (operador Tokyo Eectric Power); y el volumen ya se encuentra en su capacidad límite; por lo que es necesario realizar acciones para su liberación.
Son varios países vecinos que ha expresado su inconformidad por esta decisión. Principalmente, Corea del Sur y China han sido tajantes; ya que aseguran, se podría poner en riesgo las zonas pesqueras de cada nación.
De igual forma, los pesqueros locales se encuentran inconformes; mientras que organizaciones como Greenpeace Japón, alegan que, esta decisión, omite los derechos humanos y clausulas del Derecho marítimo internacional.
Por su parte, la OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica) ofrece supervisar los procesos de operación y comenta que la decisión de verter el agua contaminada es “técnicamente factible”.
En tanto, Japón asegura que esto es una práctica habitual. Y, se asegura que esta es la decisión “más realista”; ya que, otras opciones son menos viables y muy complejas como para desarrollarse.
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