España, Italia, Grecia y Malta presentaron un documento de trabajo ante la UE, haciendo frente a la presión que genera la crisis migratoria actual.
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Los jefes de Gobierno de España, Italia, Grecia y Malta presentaron un documento de trabajo ante la UE, haciendo frente a la presión que genera la crisis migratoria actual. En dicho documento, hablan del debate abierto sobre el plan comunitario de migraciones y asilo en el que solicitan más solidaridad de todos los estados miembros con los países que más sufren la inmigración ilegal.
En el documentos, los jefes expresan como consideran que esta propuesta contiene inestabilidades en la solidaridad con los países de primera entrada, pretendiendo que no se abandone la idea del reparto obligatorio una vez lleguen a Europa.
España y aliados ante la UE por crisis migratoria
El documento dirigido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y a la canciller alemana y presidenta de turno de la UE, Angela Merkel, llega el día en el que se lleva a cabo la cumbre hispano-italiana, en Palma, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Aunque los cuatro países firmantes valoran las propuestas de la Unión Europea, donde pretenden lograr un pacto de migración y asilo, recuerdan que esta propuesta representa un punto de partida constructivo para el trabajo común.
La solidaridad compartida por todos
En el documento que pasaron los jefes de Gobierno para la UE, predomina el hecho de que, para lograr un pacto de migración y asilo justo, se debe buscar una solidaridad compartida por todos, y no sólo por los países de entrada de los flujos migratorios, pidiendo así que ese aspecto esté claramente definido en el pacto. A su juicio, los parámetros que se establecen en el pacto son detallados y estrictos «en cuanto a las responsabilidades de los Estados de primera entrada, mientras que los mecanismos de solidaridad (del resto) son complejas y vagas«.
En su totalidad, piden que el sistema sea predecible y que el reparto de migrantes venga de la mano de un «mecanismo estructural permanente» que permita cubrir todos los aspectos de la migración, como lo es la categorización de personas inmigrantes. De esta forma, piden que las reglas de solidaridad sean claras junto con «soluciones coordinadas y factibles«, y defienden que la aplicación o no de procedimientos fronterizos, así como las categorías de personas a las que deben aplicarse, debería seguir siendo una prerrogativa de los estados miembros. El último punto se debe a que consideran que los estados miembros son los que están más adecuados a decidir a quienes y cuáles son aquellos más factibles para poderlos recibir, dadas sus circunstancias respectivas.
Una financiación justa
Por último, mencionan la necesidad de mejorar la promoción de acuerdos con terceros países en pro de hacer frente a la inmigración ilegal y así definir claramente los instrumentos financieros para apoyar ese esfuerzo. Es decir, aunque recalcan que se deben construir relaciones fundamentadas en la confianza y la igualdad con estos países, se debe hacer mediante un contacto político frecuente y con fondos destinados a acciones en esos países.
Los jefes añaden que, «no se trata sólo de una cuestión de más dinero, sino de acciones que coincidan realmente con los intereses de nuestros socios, respondiendo a sus necesidades, y en consecuencia poder satisfacer las necesidades operacionales de la gestión de la migración”. Es decir, que sobre todo, también se debe ayudar a los terceros países para que logren estar plenamente equipados para limitar los flujos de la migración irregular y cumplir con sus necesidades particulares.
