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La operación Titella, que investiga los delitos de Jose Luis Moreno, ha informado de los coches de lujo que disponía el empresario.
Los vehículos formaban parte del atrezzo que empleó la red de Moreno para «ofrecer una imagen de poder y solvencia ante los empleados bancarios».
Así conseguió la financiación que buscaban para poner en marcha sus proyectos. En ciertos casos lo lograron a costa de los créditos ICO que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha para ayudar a las empresas en dificultades por la pandemia de COVID-19.
Los investigadores de la Guardia Civil y de Jefatura Superior de Policía de Madrid conforman la policía judicial en el caso Titella. En un informe consta lo que han enviado de forma conjunta al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que dirige las pesquisas.
Un Nissan X Trail empleado para dar imagen de solvencia ante los directores de las sucursales bancarias era uno de los coches más modestos. La red de José Luis Moreno disponía de una treintena de vehículos de alta gama intervenidos en la operación. Hay deportivos como un Ferrari modelo 458 Spider, cuyo valor es de más de 200.000 euros, dos Mini Cooper, dos Audi A8 y Q5, varios Mercedes de la clase A, un Tesla Modelo S y otro Modelo 3 y seis motocicletas de las marcas Yamaha, Honda y Kawasaki.
Los vehículos estaban registrados a nombre de amigos y familiares de los cabecillas de la red de José Luis Moreno. También estaban a nombre de las empresas con las que la trama realizaba las operaciones empresariales y crediticias. El juez lo consideró constitutivo de los delitos de organización criminal, estafa, falsedad documental, fraude fiscal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
En este momento están todos los vehículos intervenidos en depósito. Exactamente están a disposición del juzgado en las dependencias que la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona tiene en Sant Andreu de la Barca y en la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Los agentes quieren darles uso. Quieren destinarlos a perseguir a los criminales. Los consideran «especialmente idóneos para la prestación de un servicio público».
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