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El teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, notificó formalmente a Juan Carlos I sobre la apertura de cada una de las tres investigaciones que ha emprendido la Fiscalía sobre su patrimonio.
En cada uno de los tres escritos se invitió al anterior jefe de estado a personarse en las diligencias, pero el rey emérito no lo hizo. Dichas notificaciones se produjeron en junio, noviembre y diciembre del 2020 a través del abogado de Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco.
Las dos primeras notificaciones se produjeron antes de que, el pasado 9 de diciembre, el letrado de Juan Carlos I hiciera público que este había presentado “sin requerimiento previo”, una regularización fiscal “por importe de 678.393,72 euros”. Por su parte, la tercera se realizó con carácter previo a la segunda regularización que, por valor de casi 4,4 millones, tuvo lugar en febrero de este año.
El hecho de que la notificación se produjera antes de la regularización es muy relevante, pues podría invalidar el efecto que se buscaba con ella: la exoneración de un posible delito fiscal. El artículo 305.4 del Código Penal señala que, en el momento en el que el investigado tiene “conocimiento formal” de que la Fiscalía ha abierto diligencias ya no puede regularizar su situación con Hacienda.
No obstante, las fuentes cercanas al rey emérito señalan que que en su caso, las notificaciones eran «muy genéricas» y si bien se advertía al ex monarca de que los hechos podían tener «implicaciones penales», no se detallaba si se trataba de un delito fiscal.
La primera notificación, de junio de 2020, se refería a la investigación sobre el origen de los 100 millones de dólares que el rey saudí Abdalá bin Abdelaziz entregó a Juan Carlos I y que este acabó traspasando en 2012 a su entonces amante Corinna Larsen. La segunda notificación a Juan Carlos I, de noviembre del mismo año, respondía a la del uso de tarjetas opacas con fondos del magnate mexicano Allen Sanginés-Krause; y la tercera, de diciembre de 2020, trata sobre la supuesta existencia de un trust financiero del que Juan Carlos I sería beneficiario en las islas del Canal, conocido paraíso fiscal.
La notificación que tiene más relevancia es la segunda, pues se produjo un mes antes de que el rey emérito hiciera su primera regularización.
La Fiscalía no ha cerrado todavía ninguna de las investigaciones. No obstante, el hecho de que el anterior rey emérito lleve más de seis meses de este año en Abu Dabi hace que, a efectos fiscales, Juan Carlos I no sea residente en España y no se le puedan pedir cuentas por sus ingresos en 2021.
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