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Enrique Beltrán, el notario de Jose Luis Moreno que fue detenido el pasado 29 de junio en el marco de la operación Titella, cobraba al menos 10.000 euros mensuales de la supuesta organización criminal dirigida por el conocido ventrílocuo.
Su misión era dar credibilidad a las sociedades pantalla del empresario protocolizando operaciones como fedatario público y ayudando con ello al otro cabecilla de la trama, Antonio Aguilera, según consta en el atestado policial reflejado en su detención.
Estas sociedades, además, carecían verdaderamente de actividad y eran meramente utilizadas para llevar a cabo el blanqueo de capitales, actividad que el notario ya realizaba con anterioridad para la organización de Carlos José Brambilla Ullosa, quien supuestamente era el cabecilla de una red de tráfico de drogas.
Su papel en el entramado radica en que, como notario, Beltrán no exigía la documentación necesaria que justificara las operaciones presentadas por Aguilera, Bambrilla y otros miembros, y que él protocolizaba.
De esta manera, queda demostrado que Beltán se involucraba personalmente en la actividad de la organización, «adquiriendo participaciones sociales y recibiendo nombramientos en los órganos de administración para así conseguir una mayor financiación y de manera más fácil al figurar un notario en las mismas». El hecho de que Beltrán figurara en los órganos administrativos de diversas mercantiles se explica además con su objetivo en la trama: dar credibilidad «a sociedades pantalla carentes de actividad».
Con los créditos conseguidos para José Luis Moreno de forma fraudulenta, existría el pretexto de financiar proyectos cinematográficos y posteriormente, utilizar ese dinero en su propio beneficio.
Por su parte, el otro cabezilla de la trama, Antonio Aguilera, ha testificado que José Luis Moreno era «perfecto conocedor de la forma ilegal de solicitud de financiación y que además participaba activamente manteniendo reuniones con los empleados y directores de banca, aprovechando su imagen pública para que estos les proporcionasen la financiación».
En el caso de Beltrán, el notario recibía un cobro mensual de 1.000 euros y la organización ponía a su disposición un despacho por el que no pagaba nada en la calle Ferández de la Hoz (Madrid).
Demostrado que el notario participaba de forma activa en la búsqueda de nuevas formas de blanqueo del dinero en efectivo de procedencia presumiblemente ilícita, Beltrán consta en el atestado como imputado por pertenecer a una organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
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