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Roció Flores ha decidido inicar acciones legales contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, responsables de ‘Contar la verdad para seguir viva’, la docuserie en la que su madre contó “su verdad” después de más de 20 años de silencio.
Los propietarios de la productora de la docuserie, relacionados a Telecinco habrian dado visibilidad a un documento privado que atenta directamente contra la intimidad de una persona, lo que conlleva a un delito punible. La información fue dada a conocer por Libertad Digital, que informó de que la demanda había sido interpuesta en el Juzgado de instrucción número 38 de Madrid.
Los responsables tendrán que declarar como investigados, aunque la periodista desveló que «todavía no hay una cita y es previsible que sea para después de verano».
Se trata de la condena a Rocío tras el desagradable episodio familiar contra su progenitora. En ella la sentenciaron como «autora responsable de un delito de maltrato habitual, de un delito de maltrato, de una falta continuada de amenazas y de una falta continuada de injuria». Hay que recordar que, en la docuserie, Rocío Carrasco señaló que en ese momento estaba siendo manipulada por su padre, al que tras el incidente le habría dicho, según Rociíto: «Papá, ya está hecho».
La joven está dispuesta a llegar hasta el final de este asunto, ya que la información sobre la famosa paliza generó, y sigue generando, muchos problemas. Después de que esa historia saliera a la luz , la nieta de Rocío Jurado denunció que recibía amenazas diarias. La pelea habría tenido lugar supuestamente en casa de Rociíto el verano de 2012. A raíz de ella, un juez identificó la existencia de maltrato continuado, hecho que separó a madre e hija para siempre.
Rocío Flores también demandó a Vanitatis por un presunto delito de revelación de secretos, después de que la publicación informara sobre su condena por maltrato. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores demandó hace unos meses a la empresa editora y a Nacho Gay, por un tipo de delito que podría suponer penas de entre uno y cuatro años de cárcel en su artículo 197.
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