Veinte días antes de la emisión del documental de Rocío Carrasco, Antonio David le había puesto una denuncia por el supuesto impago de la pensión de su hijo David, de 22 años. Esta mañana acudía a los juzgados para prestar declaración, serio y portando una carpeta con documentos bajo su brazo.
Flores solicita a Carrasco más de 7.000 euros por no haber pagado los 200 euros mensuales estipulados desde hace tres años. Tras salir del juzgado no ha querido dar muchas explicaciones a los reporteros que le esperaban en la puerta, tan solo ha dicho que:
«Ha ido bien, pero no voy a explicar lo que ha pasado dentro de la sala».
Ante las preguntas por la reciente entrevista en Telecinco de su ex mujer y los últimos capítulos emitidos de su docuserie, Antonio David ha señalado:
«No me encuentro bien porque se le está haciendo daño a mis hijos y lo que me provoca todo esto es mucha tristeza y dolor».
Rocío deberá presentarse ante la jueza Verónica Caravantes, en el juzgado número 3 de Alcobendas, el día 30 de este mes como denunciada.
El abogado de Antonio David cree que Rocío ha cometido un delito al no pagar la pensión de uno de sus hijos, basándose en la sentencia dictada en el año 2018 en la que un juez ordenó que David Flores que vive con su padre desde el 2016. Es «dependiente económicamente» y se estableció que su madre debía de pagar 200 euros cada mes en concepto de «pensión de alimentos».
En el documento que el ex colaborador de «Sálvame» presentó ante el juez, se recoge lo siguiente:
«La querellada ha mostrado apatía, desidia, negligencia y abulia respecto a sus obligaciones como madre, tanto afectivas como económicas, que nunca ha satisfecho desde la primera resolución referente al caso».
El delito en caso de demostrarse, supondría para Rocío una pena de cárcel de un año. En el programa de Ana Rosa, se recordó que Antonio David debe pagar un total de 60.000 euros de fianza en relación con el procedimiento por insolvencia punible y estafa procesal que interpuso contra él Rocío Carrasco. Debido al impago continuado de la pensión alimenticia de sus dos hijos. Si no paga el ex guardia civil se sometería a una pena de cárcel de hasta cinco años.
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