El Banco de Luxemburgo solicita para la tenista Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido Josep Santacana, cuatro años de cárcel.
Los problemas judiciales para Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, no dejan de crecer. La entidad bancaria de Luxemburgo ha solicitado formalmente que se abra un juicio oral, por el delito de alzamiento de bienes. Además de la fijación de una indemnización de 6.170.942 euros, a los que se les añaden las costas procesales y los intereses.
Cárcel para Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido
El escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Barcelona, recoge las conclusiones dictaminadas que impulsan al Banco de Luxemburgo a solicitar cuatro años de cárcel.
En 2018 el banco amplió la querella criminal contra Arantxa Sánchez Vicario, acusándola de descapitalización, tras vender las propiedades que tenía en Andorra y España, ignorando los requerimientos como acreedora, y una sentencia firma por vía civil.
Dentro de la acusación que presentó el Banco de Luxemburgo, aparecía una ampliación acerca de las sociedades opacas, que Sánchez Vicario había abierto en los estados estadounidenses de Delaware y Florida, cuando vivía en Miami, por el año 2013.
En dicho documento de apelación, se puede leer lo siguiente; » Los querellados tenían prohibido la venta de activos durante y después de la sentencia condenatoria en la que tenían que pagar al Banco de Luxemburgo, un total de siete millones de euros. Ambos hicieron caso omiso al juzgado, vendieron la propiedad que les quedaba, para luego hacer desaparecer dicho dinero».
Los problemas con este Banco vienen desde el año 2009, cuando Arantxa tenía una deuda acumulada de 5,2 millones de euros con Hacienda. Por el impago de impuestos en los años 1989 y 1993.
Para librarse del pago la tenista alegó que por entonces, residía en Andorra, sin embargo, la jugada le salió mal y el juzgado la obligó a abonar dicha cantidad. Para poder pagarla pidieron un aval al Banco Sabadell. Siendo en 2010 cuando el Banco les pidió su devolución.
El problema residía en que las cuentas bancarias de la expareja estaban a cero y la entidad bancaria acabó recurriendo a la justicia de España por la vía civil.
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