Las organizaciones del sector inmobiliario alertan sobre las consecuencias de la regulación de alquileres temporales.
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El sector inmobiliario catalán se manifiesta
Recientemente, la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) y Foment del Treball, junto con otras organizaciones representativas del sector inmobiliario en Catalunya, han expresado su profunda preocupación por las nuevas regulaciones que se están considerando en relación con los contratos de alquiler temporal.
En una declaración conjunta, estas entidades han señalado que la extensión del control de rentas a este tipo de contratos podría generar una «grave distorsión del marco jurídico actual» y afectar negativamente a un segmento del mercado que es esencial para la movilidad laboral, académica y social en la región.
Regulación de alquileres temporales y su impacto
Las organizaciones han enfatizado que los alquileres temporales están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y se utilizan para fines específicos, como alojar a profesionales desplazados o estudiantes. Estos contratos, que generalmente no superan los 12 meses, no deben ser considerados como una alternativa a la vivienda habitual, sino como un complemento necesario para una sociedad dinámica. La preocupación radica en que la implementación de controles de precios en estos contratos podría limitar la oferta y, en última instancia, perjudicar a quienes más necesitan este tipo de alojamiento.
Críticas a las políticas fiscales y su efecto en el acceso a la vivienda
Además de las preocupaciones sobre la regulación de alquileres, APCE y Foment han criticado el reciente aumento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP) en Catalunya. Este incremento, que eleva el gravamen del 10% al 20% para grandes tenedores, podría resultar en un encarecimiento significativo de la vivienda. Según Xavier Vilajoana, presidente de la APCE, entre el 20% y el 25% del precio final de una vivienda corresponde a costes fiscales, y este nuevo gravamen podría llevar ese porcentaje por encima del 25%. Las organizaciones advierten que estas medidas solo dificultarán aún más el acceso a la vivienda para los ciudadanos.
La necesidad de políticas efectivas en el sector de la vivienda
Las entidades del sector inmobiliario han solicitado un cambio en la forma en que se legisla en Catalunya, abogando por políticas de vivienda que realmente fomenten el aumento de la oferta en lugar de penalizar a un sector que tiene la capacidad de proporcionar las viviendas que la región necesita. En los últimos 15 años, se han registrado 47 cambios normativos, lo que ha generado una «telaraña normativa» que asusta a los inversores y paraliza proyectos de construcción. La falta de seguridad jurídica y la sobre-regulación son cuestiones que deben ser abordadas para facilitar un entorno más favorable para la inversión y el desarrollo de vivienda en Catalunya.
