El Govern de Marga Prohens propone reclasificar suelo rústico para construir viviendas.
Temas cubiertos
La situación actual de la vivienda en Baleares
La crisis de la vivienda en Baleares se ha convertido en un tema candente que afecta a miles de residentes. Con el precio del metro cuadrado superando los 3.700 euros, la comunidad autónoma se enfrenta a una emergencia habitacional sin precedentes.
En Palma, encontrar un alquiler medio por menos de 900 euros es casi imposible, lo que ha llevado a muchos a buscar alternativas en asentamientos informales como poblados de caravanas. Esta situación ha generado un debate intenso sobre las políticas de vivienda y la necesidad de soluciones efectivas.
Nuevas propuestas del Govern de Marga Prohens
El Govern de Marga Prohens ha anunciado una serie de medidas que permitirán la reclasificación de suelo rústico como urbano, con el objetivo de construir viviendas plurifamiliares. Esta iniciativa, impulsada por la presión del partido Vox, busca abordar la crisis habitacional que afecta a la comunidad. Sin embargo, la propuesta ha suscitado críticas de la oposición, que argumenta que podría resultar en un “atentado ambiental” y un aumento en la especulación inmobiliaria.
Controversias en torno a las Viviendas a Precio Limitado
Una de las medidas más controvertidas es la introducción de las Viviendas a Precio Limitado (VPL), que, según los críticos, son un 30% más caras que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) tradicionales. Los detractores sostienen que esta medida beneficiará a los promotores, quienes obtendrán mayores ganancias a costa de los ciudadanos. A pesar de las acusaciones, el Govern defiende que las VPL se sitúan por debajo del precio de mercado, ofreciendo una alternativa viable para quienes buscan vivienda en un contexto de precios desorbitados.
Medidas contra la okupación y apoyo a propietarios
Además de las propuestas de construcción, el Govern también ha incluido medidas para combatir la okupación. Aquellos condenados por delitos relacionados con la ocupación ilegal no podrán acceder a ayudas para vivienda, lo que busca desincentivar esta práctica. Asimismo, se plantean ayudas para propietarios que hayan sufrido okupaciones, con el fin de compensar gastos legales. Estas medidas reflejan un enfoque más amplio del Govern para abordar la crisis de vivienda desde diferentes ángulos.
