El nuevo decreto ley en Baleares permite el intercambio de plazas turísticas sin aumentar la capacidad de alojamiento.
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Un cambio en la política turística de Baleares
El archipiélago balear ha dado un paso significativo al levantar la moratoria turística que estuvo vigente desde principios de 2022. Esta decisión, tomada por el Govern de Marga Prohens, permite el intercambio de plazas turísticas en hoteles y en el sector de alquiler vacacional, lo que representa un cambio importante en la gestión del turismo en la región.
La moratoria, que fue implementada bajo la presidencia de Francina Armengol, había congelado esta posibilidad, generando un estancamiento en el sector.
Detalles del nuevo decreto ley
El decreto aprobado no solo permite el intercambio de plazas, sino que también establece que la capacidad de alojamiento se mantendrá sin cambios.
Esto significa que no se crearán nuevas plazas, pero tampoco se eliminarán. Actualmente, Baleares cuenta con 447.389 plazas hoteleras y 160.133 de alquiler turístico. Según el conseller de Turisme, Jaume Bauzà, esta medida busca equilibrar el crecimiento turístico sin fomentar el decrecimiento, asegurando que la oferta se mantenga estable.
Impacto en el sector hotelero
La reacción del sector hotelero ha sido contundente. Gabriel Escarrer, CEO de Melià, ha expresado su preocupación a través de una carta, advirtiendo que esta norma podría llevar a una nueva “balearización”, un término que se refiere al desarrollo turístico descontrolado de los años 70. Además, el nuevo decreto incluye la creación de dos bolsas temporales para el intercambio de plazas: una para alojamientos obsoletos que se reconvertirán en viviendas a precio limitado, y otra para licencias de alquiler vacacional que no han estado en uso durante los últimos tres años.
Lucha contra la oferta ilegal
El nuevo marco regulatorio también intensifica la lucha contra la oferta ilegal de alojamientos turísticos. Se implementarán medidas que obligan a los portales de comercialización a exigir el número de registro de los alojamientos, responsabilizando tanto a propietarios como a plataformas por posibles infracciones. Además, se prevé un aumento de las sanciones, que podrían llegar hasta 500.000 euros, aunque se contempla una reducción de hasta el 80% si las viviendas se destinan al alquiler social.
Colaboración con las fuerzas de seguridad
El decreto también establece la colaboración entre la Policía Nacional y la Guardia Civil para supervisar la legalidad de los establecimientos turísticos. Esta medida busca garantizar que se cumplan las normativas y se protejan los derechos de los consumidores, así como el patrimonio turístico de las Islas Baleares.
