Las negociaciones entre Hacienda y Trabajo no logran un acuerdo sobre el SMI
Temas cubiertos
Contexto del conflicto sobre el SMI
En los últimos días, el debate sobre la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) ha cobrado una relevancia significativa en el seno del Gobierno español. Las vicepresidentas María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, han estado en el centro de esta controversia, buscando una solución que satisfaga a ambas partes.
Sin embargo, a pesar de los avances iniciales, las negociaciones han fracasado, dejando a la coalición en una situación tensa.
Propuestas y desacuerdos
El jueves por la noche, las conversaciones se interrumpieron sin llegar a un acuerdo. Fuentes cercanas a la negociación confirmaron que el Gobierno planea presentar un veto a las proposiciones de ley de Sumar, Podemos y el PP, que buscan eximir a los perceptores del SMI de la tributación.
Esta situación ha reavivado la crisis entre las dos fuerzas del Gobierno, que parecía estar en vías de solución.
Hacienda había propuesto una alternativa: una bonificación específica para los perceptores del SMI que, debido a la reciente subida, tendrían que tributar por el IRPF. Esta propuesta, que limitaba el costo de recaudación a unos 200 millones de euros, contrastaba con los 1.500 a 2.000 millones que habría costado aumentar el mínimo exento. Sin embargo, el desacuerdo surgió porque Trabajo exigía una solución permanente, mientras que Hacienda ofrecía una medida temporal.
La posición de Hacienda y Trabajo
María Jesús Montero defendió la necesidad de que los perceptores del SMI, fijado en 16.570 euros anuales, contribuyan a las arcas públicas, argumentando que el salario mínimo ha aumentado un 61% en los últimos años. Aunque inicialmente se opuso a cualquier bonificación, ahora ha aceptado la idea de una deducción específica para estos trabajadores, que se aplicaría en la declaración de la renta.
A pesar de estos esfuerzos, el acuerdo no se ha concretado y se prevé un choque entre los dos partidos de la coalición. Este viernes se cierra el plazo para que el Gobierno comunique su intención de vetar las propuestas legislativas que buscan elevar el mínimo exento de tributación en línea con el SMI.
Implicaciones futuras
La crisis se intensificó en febrero, cuando Yolanda Díaz se enteró por la prensa de que los perceptores del SMI tendrían que tributar. A pesar de que esta semana parecía haber un camino hacia la reconciliación, las negociaciones se estancaron nuevamente. La falta de un acuerdo no solo afecta a los trabajadores que dependen del SMI, sino que también pone en riesgo la estabilidad del Gobierno de coalición, que enfrenta presiones tanto internas como externas.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la política fiscal en España y la capacidad del Gobierno para gestionar conflictos internos. La resolución de este tema es crucial no solo para los perceptores del SMI, sino también para la cohesión del Ejecutivo y su credibilidad ante la ciudadanía.
