El Gobierno español busca incrementar el gasto en defensa a través de la ingeniería contable y el crecimiento económico.
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Contexto del gasto en defensa en España
En el marco de un creciente compromiso con la OTAN, España se encuentra en una encrucijada respecto a su gasto en defensa. Con un déficit del 2,8% del PIB en 2024, el Gobierno ha identificado un margen de aproximadamente 3.200 millones de euros que podría destinarse a aumentar el gasto militar.
Este déficit, aunque por debajo del 3% acordado con la Comisión Europea, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad del país para cumplir con sus compromisos internacionales.
La ingeniería contable como solución
Ante las dificultades para avanzar en los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha recurrido a la ingeniería contable para elevar el gasto en defensa y seguridad. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha señalado que es necesario revisar cada partida para identificar el margen que se puede utilizar, especialmente considerando que algunas partidas no se han ejecutado debido a la prórroga de los presupuestos. Esta estrategia podría permitir a España acercarse al objetivo de destinar el 2% del PIB a defensa antes de 2029.
Proyecciones y desafíos futuros
El Gobierno estima que, si se incluyen ciertas partidas de otros ministerios, el gasto en defensa podría superar el 1,40% del PIB en 2025. Sin embargo, esto dependerá de la concreción de los mecanismos de financiación que la Unión Europea pondrá a disposición de los Estados. A pesar de los retos, el crecimiento macroeconómico ofrece un respiro, permitiendo que España mantenga un equilibrio entre el aumento del gasto militar y la inversión en programas sociales.
Impacto de la recaudación fiscal
La mejora en la recaudación tributaria ha sido un factor clave en la situación fiscal del país. En 2024, la recaudación alcanzó un récord de 294.734 millones de euros, un 8,4% más que en el año anterior. Este aumento se ha visto impulsado por el crecimiento del empleo y la mejora en el mercado laboral, lo que ha permitido al Gobierno renegociar ciertos compromisos fiscales con Bruselas. Sin embargo, la presión sobre el gasto social y la necesidad de cumplir con las sentencias judiciales adversas siguen siendo desafíos importantes.
