La Fiscalía se une a la lucha contra las prácticas abusivas de las aerolíneas en España.
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La intervención de la Fiscalía en defensa de los consumidores
Recientemente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha tomado una postura firme en la defensa de los derechos de los consumidores en España. Esta intervención se produce en el contexto de los procedimientos judiciales contencioso-administrativos que involucran a varias aerolíneas de bajo coste, como Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea.
Estas compañías han sido sancionadas por prácticas que se consideran abusivas, como la exigencia de pagos adicionales por el transporte de equipaje de mano.
Las sanciones impuestas y su impacto
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto un total de 179 millones de euros en sanciones a estas aerolíneas.
Ryanair ha recibido la mayor parte de esta multa, con 107 millones de euros, mientras que Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea han sido sancionadas con 39, 29, 1.6 y 1.18 millones de euros, respectivamente. Estas sanciones buscan disuadir a las aerolíneas de continuar con prácticas que perjudican a los consumidores y que van en contra de la legislación vigente.
Prácticas abusivas identificadas por la Fiscalía
La Fiscalía ha señalado varias prácticas que considera abusivas. Entre ellas, la exigencia de un sobrecoste por la reserva de asientos contiguos para menores y personas dependientes, así como la prohibición de pagos en efectivo en los aeropuertos españoles. Además, se ha denunciado la imposición de tasas desproporcionadas por la impresión de tarjetas de embarque, lo que añade una carga económica innecesaria a los pasajeros.
La importancia de la transparencia en la información
Otro aspecto crítico que ha resaltado la Fiscalía es la falta de claridad en la información proporcionada por las aerolíneas. Las omisiones engañosas en los precios publicados dificultan la comparación de ofertas y la toma de decisiones informadas por parte de los consumidores. Este tipo de prácticas no solo perjudica a los pasajeros, sino que también afecta a las empresas que cumplen con la legislación, creando una competencia desleal en el sector.
Apoyo a la defensa de los derechos de los consumidores
El Ministerio de Derechos Sociales ha recibido el respaldo de 44 organizaciones de consumidores de 31 países europeos, lo que subraya la importancia de esta lucha a nivel internacional. Las aerolíneas han impugnado las sanciones ante la Audiencia Nacional, alegando que son ilegales, y se espera que la resolución de este caso no se produzca antes de mayo. Si el fallo es favorable al Gobierno, las aerolíneas no solo deberán pagar las multas, sino que también estarán obligadas a cesar estas prácticas abusivas.
