Las vicepresidentas buscan una solución para los trabajadores con salario mínimo
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Las vicepresidentas abren un diálogo crucial
Las vicepresidentas del Gobierno español, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, han iniciado un proceso de negociación para abordar uno de los conflictos más significativos que enfrentan: la tributación por el IRPF de los beneficiarios del salario mínimo interprofesional (SMI).
Este tema ha generado tensiones entre los ministerios de Hacienda y Trabajo, especialmente tras la reciente subida del SMI a 16.576 euros anuales.
Propuestas para aliviar la carga fiscal
Yolanda Díaz ha presentado una propuesta al Ministerio de Hacienda, que ha sido reconocida por Montero como parte de las negociaciones en curso.
La intención es encontrar una solución que permita a los perceptores del SMI no tributar por este impuesto. Actualmente, se estima que alrededor de medio millón de trabajadores, principalmente jóvenes solteros sin cargas familiares, se verán afectados por las retenciones fiscales debido a la nueva normativa.
Montero ha señalado que están trabajando en una medida que compense a estos trabajadores, quienes, aunque son pocos, enfrentarán una carga fiscal considerable. La propuesta podría incluir una retención mensual en el salario, con una compensación posterior, lo que permitiría a los beneficiarios del SMI mantener una mayor parte de sus ingresos.
El contexto del conflicto
El conflicto se intensificó en febrero, cuando Díaz se enteró a través de los medios de comunicación que los perceptores del SMI tendrían que tributar por el IRPF. Hasta ese momento, existía una discrepancia entre los ministerios, ya que Trabajo abogaba por la exoneración de este impuesto, mientras que Hacienda consideraba necesario que los beneficiarios contribuyeran. Este desacuerdo culminó en un enfrentamiento notable durante una reunión del Consejo de Ministros.
Sin embargo, la reciente disposición de Hacienda para negociar medidas específicas representa un cambio significativo en la dinámica entre ambas partes. La idea es focalizar una solución que solo afecte a aquellos que realmente tributan, evitando así un impacto negativo en la recaudación general del Estado.
