La normativa busca mejorar los plazos de pago y apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
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El compromiso de la Comisión Europea
La Comisión Europea ha reafirmado su compromiso con la normativa sobre morosidad, un tema que ha sido objeto de atención por parte de diversas patronales, como la catalana Pimec y la europea SME United.
En una carta reciente, el comisario Stéphane Séjourné ha expresado su dedicación a avanzar en esta propuesta, que busca establecer un marco más justo y predecible para los plazos de pago en el ámbito empresarial.
La importancia de la puntualidad en los pagos
La morosidad es un problema que afecta de manera significativa a las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales a menudo enfrentan retrasos en los pagos por parte de grandes corporaciones. Según datos proporcionados por Séjourné, el periodo medio de pago ha aumentado de 56 días en 2022 a 62 días en 2023, lo que agrava la situación financiera de las pymes. La normativa propuesta busca establecer un plazo máximo de 30 días para el pago de facturas, con el objetivo de fomentar una cultura de puntualidad y confianza en el cumplimiento de las obligaciones financieras.
Impacto de la morosidad en las pymes
El impacto de la morosidad no solo se limita a los plazos de pago, sino que también obstaculiza el acceso de las empresas a servicios financieros y desincentiva a muchas pymes a expandir sus operaciones dentro de la Unión Europea. Un 59% de las empresas de la UE ha señalado que la morosidad afecta de manera significativa su capacidad de inversión y crecimiento. Este contexto resalta la necesidad urgente de implementar medidas que protejan a las pymes y garanticen un entorno empresarial más equitativo.
Perspectivas futuras y apoyo institucional
El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha manifestado que el respaldo del comisario es un indicativo positivo para que la cuestión de la morosidad sea discutida en la próxima reunión del consejo de Europa. La normativa no solo busca penalizar a los morosos, sino que también forma parte de un paquete legislativo más amplio que incluye mejoras en el acceso a la financiación y a la compra pública para las pymes. La Comisión ha reiterado su disposición a ofrecer todo el apoyo necesario para desbloquear los debates y alcanzar un acuerdo sobre el texto final de la normativa.
