Las sentencias desfavorables generan un coste significativo para el Estado español.
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Un panorama fiscal complicado
El Ministerio de Hacienda de España se enfrenta a un desafío monumental, con devoluciones que superan los 12.000 millones de euros a particulares y empresas. Este escenario se ha generado a raíz de sentencias judiciales desfavorables que ya son firmes, según los datos proporcionados por la Autoridad Fiscal (Airef).
La situación se complica aún más debido a que muchos de estos fallos son consecuencia de errores legislativos que han sido identificados por el organismo supervisor.
Las devoluciones más significativas
Entre las devoluciones más cuantiosas se encuentra el tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, declarado ilegal por el Tribunal Supremo en octubre del año pasado.
Este fallo podría costar al Estado hasta 6.500 millones de euros, convirtiéndose en el más significativo en términos fiscales. Además, la Agencia Tributaria ya está procesando la devolución del IRPF a los mutualistas, que asciende a 1.700 millones, aunque se reconoce que esta cifra podría ser una subestimación.
El riesgo para las finanzas públicas
La Airef ha advertido que las acciones legales emprendidas por grandes empresas y particulares representan un riesgo considerable para las finanzas públicas. En la última década, las indemnizaciones fijadas por los tribunales han resultado en una devolución media de 1.000 millones de euros anuales, sin contar los intereses adicionales que se han acumulado. Este impacto ha llevado a un coste fiscal total de 51.285 millones de euros entre 20, incluyendo otros conceptos como el rescate financiero y las autopistas de peaje.
Errores recurrentes del Gobierno
La Airef ha identificado errores sistemáticos en la gestión legislativa del Gobierno, que han contribuido a estas sentencias desfavorables. Entre las prácticas criticadas se encuentran el uso excesivo del real decreto-ley, la extralimitación normativa y la falta de advertencias sobre regulaciones de la Unión Europea. Estas cuestiones han llevado a la propuesta de medidas para prevenir futuros litigios y minimizar el impacto en el déficit público.
