Las empresas públicas superan los plazos legales de pago, afectando a proveedores.
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La situación actual de los plazos de pago
Recientemente, se ha presentado un informe que revela un preocupante aumento en los plazos de pago del sector público en España. Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), las administraciones públicas están tardando más que las empresas privadas en cumplir con sus obligaciones de pago a proveedores.
Este fenómeno, que no se había observado desde 2014, pone de manifiesto una tendencia alarmante que podría tener repercusiones significativas en la salud financiera de muchas pequeñas y medianas empresas.
Incumplimiento de la ley
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha destacado que, a pesar de las normativas establecidas, tanto el sector público como el privado continúan incumpliendo los plazos de pago exigidos por la ley.
La ley 15/2010 establece un plazo máximo de 30 días para las administraciones públicas y de 60 días para las empresas privadas. Sin embargo, el informe revela que el plazo medio de pago del sector público ha aumentado en 12 días, alcanzando un total de 67 días, mientras que las empresas privadas han logrado reducir su plazo medio a 64 días.
Consecuencias para los proveedores
Un dato alarmante es que el 61% de los proveedores se enfrenta a plazos de pago que superan lo permitido por ley. Esta práctica, que es ilegal, no suele tener consecuencias para las administraciones, ya que el 92% de los proveedores no exige indemnización por los retrasos. Además, el 84% de los casos no se reclaman intereses de demora, lo que agrava aún más la situación. La falta de acción por parte de los proveedores puede ser atribuida a la dependencia económica que muchos tienen de estos contratos públicos.
Percepción de los empresarios
Las encuestas realizadas por la PMcM indican que más de la mitad de las empresas considera que la administración pública es la que más se demora en los pagos. Esta percepción se ve reflejada en los datos, donde el 76% de la administración local, el 78% de la autonómica y el 80% de la central superaron el periodo legal de pago el año pasado. La situación es insostenible y requiere una atención urgente por parte de las autoridades para garantizar que se respeten los derechos de los proveedores y se fomente un entorno empresarial más saludable.
