El Govern de la Generalitat implementa cambios en la fiscalidad para proteger la vivienda.
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Un acuerdo histórico para la vivienda en Catalunya
El reciente acuerdo entre el Govern de la Generalitat y los Comuns marca un hito en la política fiscal de Catalunya, con el objetivo de combatir la especulación inmobiliaria. Este pacto, firmado por la consellera de Economía, Alícia Romero, y la líder ecosocialista, Jéssica Albiach, introduce una serie de medidas que buscan regular el mercado de la vivienda y proteger a los inquilinos de prácticas abusivas.
Modificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales
Una de las principales medidas del acuerdo es la reestructuración del impuesto de transmisiones patrimoniales. Se crearán nuevos tramos impositivos que afectarán a los grandes tenedores de vivienda, aquellos que poseen más de cinco propiedades.
Este grupo deberá afrontar un tipo impositivo del 20%, lo que representa un cambio significativo en la carga fiscal para los especuladores inmobiliarios.
Además, se introducen nuevos tramos que gravarán las transmisiones de inmuebles de manera progresiva. Por ejemplo, las propiedades de hasta 600.000 euros tendrán un tipo del 10%, mientras que aquellas que superen 1,5 millones de euros se gravarán al 13%. Estas modificaciones buscan aumentar la recaudación fiscal en aproximadamente 300 millones de euros anuales, lo que permitirá al Govern destinar más recursos a políticas de vivienda.
Medidas adicionales para proteger a los inquilinos
El acuerdo también incluye la eliminación de bonificaciones para las empresas inmobiliarias en la transmisión de viviendas, así como la duplicación de la tasa turística en toda Catalunya. Estas medidas están diseñadas para desincentivar la especulación y garantizar que la vivienda se utilice para vivir, no como un mero activo financiero.
Asimismo, se establece una deducción fiscal para las víctimas de violencia machista que deseen alquilar una vivienda habitual, lo que demuestra un compromiso con la protección de los colectivos más vulnerables. Al respecto, Romero destacó que estas reformas están enfocadas en priorizar el uso de la vivienda como un derecho fundamental y en aumentar la fiscalidad para aquellos que más tienen.
El acuerdo refleja una voluntad política clara de abordar la crisis de vivienda en Catalunya, donde la especulación ha llevado a un aumento desmedido de los precios. La intención es que estas medidas no solo frenen la especulación, sino que también promuevan un mercado de vivienda más justo y accesible para todos. La lucha contra la “piratería inmobiliaria”, como la han denominado Albiach y Romero, es un paso necesario hacia la construcción de una sociedad más equitativa.
