El Govern busca movilizar 50.000 pisos públicos para el 2030 a través de nuevas regulaciones.
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Un plan ambicioso para la vivienda en Cataluña
La Generalitat de Cataluña ha presentado un plan ambicioso que busca ampliar el parque público de vivienda y movilizar un número significativo de inmuebles para destinarlos prioritariamente al alquiler social.
Este esfuerzo tiene como objetivo sumar 50.000 pisos públicos para el año 2030. La iniciativa es parte de un conjunto de medidas que se están implementando para abordar la crisis de vivienda que afecta a muchas familias en la región.
Registro de grandes tenedores de inmuebles
Una de las medidas más destacadas es la creación de un nuevo registro de grandes tenedores, que permitirá al Govern controlar el número exacto de inmuebles en manos de propietarios que posean cinco o más viviendas en zonas consideradas tensionadas. Este registro será obligatorio y se espera que proporcione una visión clara sobre la situación de la vivienda en Cataluña. La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha subrayado la importancia de esta medida, afirmando que permitirá conocer cuántos grandes tenedores existen y qué propiedades tienen, lo que facilitará la movilización de estas viviendas.
Infracciones y multas para propietarios
El Govern también ha introducido sanciones para aquellos propietarios que se nieguen a informar sobre el estado de sus inmuebles, ya sea que estén ocupados o vacíos. Esta infracción se considera grave y busca garantizar que la información sobre la disponibilidad de viviendas sea transparente y accesible. Las multas forman parte de un bloque de iniciativas que se han negociado con los socios de investidura, lo que demuestra un compromiso político hacia la solución de la crisis habitacional.
Derecho de tanteo y retracto ampliado
Además, la Generalitat ampliará los supuestos en los que tiene derecho a la compra preferente de vivienda, conocido como tanteo y retracto. Este mecanismo permitirá a la administración pública adquirir cualquier piso que un gran propietario decida vender, no solo aquellos provenientes de ejecuciones hipotecarias. Esta modificación es un paso importante para aumentar la capacidad del Govern de intervenir en el mercado inmobiliario y asegurar que más viviendas estén disponibles para el alquiler social.
Inversión en construcción pública de vivienda
El decreto ley aprobado por el Ejecutivo también incluye medidas administrativas que permitirán destinar el importe de las fianzas depositadas por el Institut Català del Sòl (Incasol) a la construcción pública de vivienda, especialmente de alquiler. Se espera que esta inversión contribuya a la creación de más opciones de vivienda asequible en la región, lo que es crucial para atender la demanda creciente.
Reducción de plazos para obras públicas
Por último, el Govern ha decidido reducir los plazos para las obras que son competencia de la Generalitat, lo que permitirá acelerar la construcción de nuevas viviendas. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para hacer frente a la crisis de vivienda y garantizar que se cumplan los plazos establecidos para la entrega de nuevos inmuebles.
