El Gobierno busca aliviar la carga financiera de las comunidades autónomas con una condonación significativa.
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Una medida histórica para las comunidades autónomas
El Gobierno de España ha presentado una propuesta sin precedentes que busca condonar un total de 83.252 millones de euros de deuda acumulada por las comunidades autónomas de régimen común.
Esta medida, que se enmarca dentro del acuerdo de investidura alcanzado con ERC en 2023, tiene como objetivo facilitar el acceso a los mercados financieros para aquellas comunidades que enfrentan mayores dificultades económicas.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha defendido que esta condonación se llevará a cabo sin condiciones, apoyada por la sólida situación macroeconómica del país.
Andalucía y Catalunya son las comunidades que más se beneficiarán de esta medida, recibiendo quitas significativas en comparación con otras regiones como Madrid.
Metodología de cálculo de la condonación
Para determinar la cantidad a condonar, el Ministerio de Hacienda ha desarrollado una metodología que se basa en tres fases. En la primera fase, se ha calculado el diferencial de endeudamiento de las comunidades entre 20, resultando en un total de 109.582 millones de euros. Posteriormente, se comparó esta cifra con el incremento de la deuda entre 20, que ascendió a 29.272 millones.
El resultado final indica que las comunidades autónomas necesitaron buscar recursos adicionales por un total de 80.310 millones de euros. En la segunda fase, esta cantidad se distribuye entre la población ajustada de cada comunidad, asegurando que ninguna comunidad quede por debajo del 19% de su deuda viva a finales de 2022.
Impacto en la economía de las comunidades
La condonación de deuda no solo aliviará la carga financiera de las comunidades, sino que también permitirá un ahorro significativo en intereses, que el Gobierno estima podría oscilar entre 5.000 y 7.000 millones de euros para todos los territorios. Este ahorro es crucial para mejorar la situación económica de las comunidades y facilitar su acceso a financiación futura.
La propuesta será sometida a votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y aunque enfrenta la oposición del Partido Popular, se espera que cuente con el apoyo necesario para avanzar. El objetivo final es plasmar esta iniciativa en una ley orgánica que requerirá una mayoría absoluta en el Congreso.
