El Gobierno aprueba un incremento de 330,5 millones de euros para Muface en 2025.
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El contexto de la nueva licitación de Muface
El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al aprobar un incremento de las primas para la segunda licitación de Muface, que asciende a 330,5 millones de euros para el año 2025.
Este aumento es parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que los funcionarios y sus beneficiarios reciban una atención sanitaria adecuada. Con este nuevo presupuesto, el importe total del contrato se eleva a 4.808,5 millones de euros, lo que representa un incremento de 1.276,5 millones de euros en comparación con el convenio anterior.
Desafíos en la adjudicación del servicio sanitario
La situación se complicó cuando el concurso para adjudicar la prestación sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y sus beneficiarios quedó desierto el pasado 5 de noviembre. Las aseguradoras tradicionales, como Adelas, Asisa y DKV, se negaron a participar, argumentando que las condiciones de la primera licitación no eran suficientes y que el sistema de mutualidad estaba infrafinanciado. Este rechazo llevó al Gobierno a replantear las condiciones y a realizar un análisis exhaustivo de la situación financiera del contrato.
Medidas adoptadas para garantizar la estabilidad
Tras las consultas realizadas y la nueva información obtenida, el Gobierno decidió retroceder en el proceso de licitación para revisar la dotación económica y asegurar el equilibrio del contrato. Como resultado, se ha acordado una financiación adicional de 330,5 millones de euros, que se distribuirá entre las tres anualidades del contrato. Esta medida busca incrementar las primas de los grupos etarios que requieren una cobertura más adecuada en los próximos años, garantizando así una atención sanitaria estable para más de 1,5 millones de personas.
Además, se mantendrá la nueva estructura de primas aprobada en la licitación anterior, que se incrementará en función de los tramos de edad. Se estima que la prima media ponderada aumentará un 41,2% durante los tres años de vigencia del convenio, lo que refleja un compromiso del Gobierno por mejorar la calidad de la atención sanitaria para los funcionarios y sus familias.
