La vicepresidenta Yolanda Díaz denuncia bloqueos en la tramitación de la ley.
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La tensión entre ministerios se intensifica
En los últimos días, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado su preocupación por la creciente tensión entre su ministerio y otros departamentos del Gobierno, especialmente el de Economía.
Esta situación ha surgido en el contexto de la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, un tema que ha generado un intenso debate y desacuerdos entre los diferentes ministerios del PSOE.
Díaz ha señalado que existe una percepción en su ministerio de que otros departamentos, como Economía y Hacienda, están formando un frente común para obstaculizar la implementación de esta medida.
A pesar de que las discrepancias se están intensificando, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aún no ha intervenido para resolver el conflicto.
Acusaciones de bloqueo en la tramitación
La situación se agravó cuando, en una reciente comparecencia, Díaz acusó al Ministerio de Economía de estar bloqueando la tramitación del anteproyecto de ley que permitiría la reducción de la jornada laboral. Según la ministra, la negativa de Economía a tratar el asunto con urgencia está retrasando su entrada en el Parlamento, lo que podría impedir que la medida se aplique este año.
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha desmentido las acusaciones de bloqueo y ha justificado el procedimiento seguido, argumentando que la tramitación no puede realizarse a la velocidad que exige Trabajo. Cuerpo ha afirmado que la medida requiere un análisis exhaustivo y que no se puede apresurar sin garantizar la coordinación adecuada entre los diferentes ministerios.
Preocupaciones sobre el futuro de la ley
La falta de acuerdo y la negativa a tramitar el anteproyecto con carácter urgente han generado inquietud en el Ministerio de Trabajo. Díaz ha expresado su temor de que, si no se acelera el proceso, la reducción de jornada no se apruebe antes de que finalice el año. Esta situación ha llevado a un clima de desconfianza entre los ministerios, donde Trabajo siente que sus propuestas no están siendo tomadas en serio.
Desde Economía, se ha insistido en que no hay ningún veto a la tramitación de la ley, y que se está dando prioridad a su análisis. Sin embargo, la percepción en Trabajo es que la falta de acción rápida podría resultar en un retraso significativo en la implementación de una medida que consideran crucial para mejorar la calidad de vida de los trabajadores en España.
