El ICF destina 600 millones de euros para fomentar la construcción de viviendas sociales.
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Un presupuesto sin precedentes para el ICF
El Institut Català de Finances (ICF) ha anunciado un presupuesto récord de 1.326 millones de euros para el año 2025, de los cuales 600 millones, es decir, un 45% del total, se destinarán a la generación de vivienda social.
Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con el presupuesto prorrogado de 2023, quintuplicando la inversión prevista en ese año. La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha destacado que este será el presupuesto más alto en la historia del ICF, con un crecimiento del 123% respecto al ejercicio anterior.
Un papel clave en la construcción de vivienda pública
El Govern de Catalunya, liderado por Salvador Illa, se ha comprometido a construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030 para abordar el déficit habitacional en la región. El ICF desempeñará un papel crucial en este objetivo, ya que gran parte de su presupuesto se destinará a facilitar el acceso al crédito para que las promotoras puedan levantar vivienda social. Este enfoque no solo busca aumentar la oferta de viviendas, sino también mejorar la calidad de vida de los ciudadanos catalanes.
Financiación diversificada para el desarrollo económico
Además de la inversión en vivienda social, el presupuesto del ICF incluye 200 millones de euros para la construcción de residencias geriátricas, 310 millones para ofrecer financiación a pequeñas y medianas empresas (pymes), 100 millones para el sector agroalimentario y 40 millones para modernizar el sector turístico. Esta estrategia integral busca no solo abordar la crisis de vivienda, sino también revitalizar la economía catalana en su conjunto. Por primera vez, el ICF ofrecerá financiación al sector privado, ampliando así su alcance y efectividad en la promoción de proyectos de vivienda protegida.
En 2024, el ICF financió la creación de 1.901 pisos sociales con una inversión total de 194,9 millones de euros, superando las expectativas iniciales. Esta cifra incluye tanto la compra y rehabilitación de viviendas existentes para destinarlas a alquiler protegido como nuevas promociones. La entidad ha demostrado su compromiso con la vivienda social y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, lo que se traduce en un impacto positivo en la comunidad.
