La decisión de Adeslas se basa en la insostenibilidad económica del modelo actual.
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La situación actual de Adeslas y Muface
Adeslas, una de las principales aseguradoras en España, ha decidido no presentarse nuevamente al concierto para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios cubiertos por Muface. Esta decisión se fundamenta en la evaluación de que las condiciones del nuevo contrato resultarían en pérdidas significativas, estimadas en 250 millones de euros para el periodo 2025-2027.
A pesar de que el Gobierno ha incrementado las primas que recibirán las aseguradoras por esta prestación en un 33,5%, Adeslas considera que el modelo de Muface es “económicamente insostenible”.
Impacto financiero y pérdidas acumuladas
La aseguradora ha manifestado que, tras años de operar con déficit, continuar en el concierto podría comprometer su solvencia y futuro.
En los últimos tres años, Adeslas ha acumulado pérdidas de aproximadamente 256 millones de euros, una cifra que consideran difícilmente asumible. La compañía ha mantenido su compromiso con el modelo de Muface durante casi 50 años, pero la evolución negativa del contrato ha llevado a esta drástica decisión.
Propuestas de Adeslas y respuesta del Gobierno
Adeslas había solicitado que el nuevo concierto se limitara a dos años, con un aumento acumulado de un 34% en las primas. Sin embargo, el Gobierno ha propuesto un incremento del 26,62% para el primer año, que podría llegar al 33,5% si se incluye un tercer año. Esta diferencia de 20 puntos porcentuales entre lo que Adeslas reclama y lo que ofrece el Gobierno representa para la aseguradora una pérdida anual de 80 millones de euros, lo que resulta insostenible.
Conclusiones sobre el futuro del modelo de Muface
La decisión de Adeslas de no renovar su contrato con Muface plantea interrogantes sobre el futuro del modelo de asistencia sanitaria para funcionarios en España. La aseguradora, participada por CaixaBank y Mutua, ha señalado que no busca obtener beneficios con este convenio, sino que intenta evitar un déficit adicional. La situación actual requiere una revisión profunda de las condiciones del concierto para garantizar la viabilidad económica de la asistencia sanitaria a los funcionarios.
