El Consejo de Ministros presenta un paquete de medidas que impactarán en pensiones, impuestos y vivienda.
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El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al aprobar un conjunto de reales decretos que impactarán directamente en la vida de millones de ciudadanos. Entre las medidas más destacadas se encuentra la revalorización de las pensiones contributivas, que aumentarán un 2,8% en 2024.
Esta decisión beneficiará a cerca de 12 millones de personas, proporcionando un alivio económico que se traduce en aproximadamente 600 euros adicionales al año para quienes perciben una pensión media de jubilación.
Además, las pensiones mínimas experimentarán un incremento del 6%, mientras que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital verán un aumento del 9%.
Estas medidas son cruciales para reducir la brecha de género en las pensiones, ya que se revaloriza en un 8,1% el complemento destinado a este fin, alcanzando los 35,9 euros al mes por hijo.
Nuevos impuestos y deducciones fiscales
En el ámbito fiscal, se ha aprobado un nuevo impuesto dirigido a las empresas energéticas, con el objetivo de recaudar aproximadamente 1.200 millones de euros anuales. Este impuesto incluye incentivos para fomentar inversiones en sostenibilidad. Sin embargo, la convalidación de esta medida en el Congreso podría verse obstaculizada por la oposición de partidos como Junts y PNV.
Asimismo, se han realizado ajustes técnicos en el impuesto a la banca para evitar la doble imposición en el ejercicio fiscal de 2024. En cuanto a las deducciones fiscales, se prorroga hasta finales de 2025 la deducción por reformas que mejoren la eficiencia energética de las viviendas, con un rango de deducción que oscila entre el 20% y el 60%.
Medidas para el transporte y la vivienda
El Gobierno también ha decidido extender la gratuidad del transporte público hasta el 1 de julio de 2024, momento en el que se implementará un sistema de descuentos para colectivos específicos. Durante la segunda mitad del año, se ofrecerá un bono mensual de 20 euros para los servicios de Cercanías y subvenciones en el transporte autonómico y local.
En el sector de la vivienda, se regula un nuevo Registro Único de Arrendamientos, que será obligatorio a partir del 1 de julio de 2025. Además, se destinarán propiedades del Patrimonio del Estado a la entidad pública Sepes para su alquiler asequible, lo que representa un esfuerzo por parte del Gobierno para abordar la crisis de vivienda en el país.
En un esfuerzo por proteger a los ciudadanos más vulnerables, se ha prorrogado la suspensión de desahucios y la prohibición de cortar suministros básicos de agua, luz y gas hasta el 31 de diciembre de 2025. Estas medidas son parte del escudo social que busca garantizar el acceso a servicios esenciales para los hogares en situación de vulnerabilidad.
Con estas reformas, el Gobierno busca no solo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también fomentar un entorno económico más justo y sostenible. Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros reflejan un compromiso con el bienestar social y la equidad fiscal, en un contexto donde la economía global enfrenta desafíos significativos.
