Las empresas del sector energético expresan su preocupación por la decisión del Gobierno español.
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Las críticas de las compañías energéticas
Las compañías eléctricas, petroleras y gasistas en España han manifestado su descontento ante la reciente decisión del Gobierno de extender hasta 2025 el gravamen a las grandes energéticas.
Este anuncio, realizado a través de un real decreto-ley, ha sido calificado por las asociaciones sectoriales Aelec, AOP y Sedigas como una medida que “resta competitividad industrial” y “deteriora la reputación” de España en el ámbito internacional. Según estas organizaciones, la prolongación de este impuesto podría generar un clima de inseguridad jurídica que afectaría negativamente las inversiones en el sector energético.
Impacto en la inversión y la descarbonización
Las asociaciones han expresado su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en el proceso de descarbonización que España ha emprendido. Aseguran que la decisión del Gobierno contradice los esfuerzos por atraer inversiones en tecnologías limpias y sostenibles. En un comunicado conjunto, Aelec, AOP y Sedigas han subrayado que la convalidación del real decreto-ley en el Congreso de los Diputados será crucial para determinar el futuro del sector energético en el país. La posibilidad de deducir las inversiones en descarbonización es vista como un intento del Gobierno de equilibrar la balanza, pero las empresas consideran que esto no es suficiente para mitigar el impacto del gravamen.
El contexto político y las negociaciones
La extensión del gravamen energético es parte de un compromiso del Gobierno con partidos como ERC, Bildu y BNG, mientras que otros como PNV y Junts han expresado su oposición. Este desacuerdo político añade una capa de complejidad a la situación, ya que las empresas temen que la incertidumbre política pueda poner en riesgo sus inversiones en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la medida, argumentando que la introducción de deducciones por inversiones verdes es un paso hacia la sostenibilidad y la modernización del sector. Sin embargo, la falta de garantías sobre los votos necesarios para la convalidación del decreto en el Congreso plantea interrogantes sobre la viabilidad de estas políticas.
