El ministerio de consumo toma medidas contra el alquiler turístico.
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El reciente anuncio del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, sobre la apertura de un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos ha generado un gran revuelo en el sector. Esta decisión se produce tras múltiples advertencias a la empresa para que retirara anuncios que contenían publicidad ilícita.
A pesar de las solicitudes, la plataforma no cumplió, lo que llevó a la Dirección General de Consumo a tomar medidas más drásticas.
La investigación, que comenzó en junio, se centró en obtener información sobre las viviendas anunciadas en diversas plataformas de alquiler.
En este contexto, se envió un requerimiento a una de las empresas instándola a retirar de forma inmediata miles de anuncios que no cumplían con la normativa, como la falta de un número de licencia. Este incumplimiento del Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios es grave y puede acarrear multas significativas.
Las prácticas comerciales desleales detectadas en la investigación podrían tener repercusiones serias. Según la normativa, las infracciones pueden ser sancionadas con multas que oscilan hasta los 100.000 euros, e incluso más, dependiendo de los beneficios ilícitos obtenidos. La Dirección General de Consumo ha enfatizado que la apertura del expediente no implica un juicio previo sobre el resultado final, lo que deja abierta la posibilidad de que se tomen más acciones en el futuro.
Este movimiento del ministerio no solo se limita a una plataforma. La semana pasada, se anunció una investigación más amplia que abarca a grandes gestoras de pisos turísticos, lo que indica un enfoque más riguroso hacia las prácticas en el sector. Además, el ministerio está investigando a agencias inmobiliarias por posibles abusos en la gestión del alquiler, lo que refleja un compromiso por parte del gobierno para abordar la crisis de la vivienda en España.
El objetivo del ministerio, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, es claro: proteger los derechos de los consumidores y asegurar que las prácticas en el sector de la vivienda sean justas y transparentes. La apertura de estas investigaciones es un paso hacia la regulación de un mercado que ha estado bajo la lupa por sus irregularidades. Con estas acciones, se espera que se establezcan estándares más altos en la publicidad y gestión de los alquileres turísticos, beneficiando así a los consumidores y usuarios en general.
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