La Comisión Europea presenta un caso contra España en el Tribunal de Justicia de la UE.
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La Comisión Europea ha tomado la decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debido a la incorrecta aplicación de tres directivas europeas relacionadas con la contratación pública.
Estas directivas son fundamentales, ya que exigen a los Estados miembros seguir procedimientos que sean imparciales y transparentes. La fecha límite para que los países de la UE transpusieran estas normas a su legislación nacional fue el 18 de abril de 2016.
Sin embargo, España notificó la transposición de estas directivas de manera tardía, lo que llevó a la Comisión a abrir un expediente en diciembre de 2021.
A pesar de las advertencias y un ultimátum de dos meses que se dio en abril de 2024, España no ha realizado los cambios necesarios en su legislación para alinearse con las obligaciones derivadas de las normativas europeas sobre contratación pública. La Comisión Europea ha señalado que la legislación española se aparta notablemente de las normas de la UE, especialmente en lo que respecta a los tipos de autoridades, contratos y modificaciones de contratos que deben seguir las normas de contratación pública.
Las directivas europeas regulan la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios por parte de las autoridades públicas y ciertos operadores de servicios públicos. Estas normas deben ser transpuestas a la legislación nacional y aplicarse a las licitaciones cuyo valor monetario exceda un importe determinado. Para las licitaciones de menor valor, se aplican las normas nacionales, aunque estas también deben respetar los principios generales del Derecho de la UE. La Comisión ha considerado que los esfuerzos realizados por las autoridades españolas hasta la fecha han sido insuficientes, lo que ha llevado a la decisión de llevar el caso ante el TJUE.
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