Le patronales catalane si mobilitano contro la proposta di riduzione della giornata lavorativa.
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Recientemente, las patronales catalanas han firmado un manifiesto en el que expresan su oposición a la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Este documento, respaldado por 18 organizaciones empresariales, ha generado un intenso debate entre los representantes del sector privado y el Ministerio de Trabajo.
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha denunciado lo que considera una «coacción» por parte del Gobierno, afirmando que este tipo de decisiones deben ser discutidas y acordadas a través de la negociación colectiva, y no impuestas.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha respondido a las críticas de Sánchez Llibre a través de las redes sociales, acusándolo de amenazar a los representantes de los trabajadores. Díaz ha enfatizado la necesidad de que los trabajadores tengan más tiempo de vida al día, sugiriendo que la reducción de la jornada podría beneficiar su calidad de vida. Este intercambio de acusaciones ha puesto de manifiesto la tensión existente entre las patronales y el Gobierno, así como la importancia de la negociación en el ámbito laboral.
Sánchez Llibre ha argumentado que la reducción de la jornada laboral podría incrementar los costes unitarios en un 7%, lo que, según sus cálculos, podría traducirse en una pérdida de 12.000 millones de euros para la economía española. Sin embargo, ha reconocido que hay un porcentaje significativo de convenios colectivos en Catalunya que ya han acordado jornadas laborales inferiores a las 37 horas semanales, lo que sugiere que existe un interés por parte de algunos sectores en explorar esta posibilidad de manera consensuada.
El manifiesto, titulado «Sí a la economía productiva, sí al diálogo social, sí a la democracia», incluye 15 puntos que abordan diversas preocupaciones del mercado laboral español, como la baja productividad y el absentismo. Las patronales han instado a un enfoque más pragmático en la negociación de medidas que respondan a las necesidades del mercado laboral, en lugar de imponer cambios que podrían tener consecuencias negativas para la economía.
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