La Audiencia Nacional asume la investigación de un ataque que expuso datos sensibles de millones de usuarios.
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Un ataque sin precedentes a la CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España ha sido víctima de un ciberataque masivo que ha puesto en riesgo la seguridad de datos sensibles de aproximadamente dos mil millones de registros.
Este ataque ha llevado a la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, a aceptar la competencia para investigar el caso, que se tipifica como un delito de ataques informáticos y contra la seguridad nacional.
Detalles del ciberataque
El acceso ilícito a los sistemas informáticos de la CNMC permitió la exfiltración de datos personales de titulares de líneas de telefonía móvil.
En total, se estima que se han sustraído alrededor de 240 GB de información, lo que representa una amenaza significativa para la privacidad de los usuarios afectados. Este incidente no solo pone en riesgo la información personal, sino que también plantea serias preguntas sobre la seguridad de las instituciones encargadas de proteger los derechos de los consumidores.
Reacciones y consideraciones legales
La Fiscalía había argumentado previamente que la CNMC no debería ser considerada una institución del Estado en el contexto de la competencia de la Audiencia Nacional. Sin embargo, la juez Tardón, tras revisar la doctrina del Tribunal Supremo, ha determinado que la CNMC debe ser vista como un organismo de alta relevancia nacional. Esto subraya la importancia de la CNMC en la regulación de los mercados y la protección de los consumidores, lo que justifica la intervención de la Audiencia Nacional en este caso.
Implicaciones para la seguridad nacional
La magistrada Tardón ha señalado que el ciberataque representa una grave afectación institucional, dado que la CNMC desempeña un papel crucial en el control del funcionamiento de los mercados y la promoción de la competencia. La juez ha indicado que es prematuro especular sobre las intenciones de los atacantes, pero la magnitud del ataque y la naturaleza de los datos comprometidos son motivo de gran preocupación. La protección de la información y la transparencia en el funcionamiento de las instituciones son esenciales para mantener la confianza pública.
